Códigos de Procedimientos Penales en México
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Definición y Carácteres de Códigos de Procedimientos Penales en Derecho Mexicano
Concepto de Códigos de Procedimientos Penales que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Héctor Fíx-Zamudio) En forma similar a lo que ocurre con los ordenamientos procesales civiles, en los términos del artículo 124 de la Constitución, la expedición de los códigos procesales penales compete a cada una de las legislaturas de los 31 Estados que integran la federación, así como al Congreso de la Unión en su calidad de órgano legislativo del Distrito Federal, a los que es necesario sumar el Código Federal de Procedimientos Penales que regula los procesos contra los acusados a los que se imputan delitos de carácter federal, tipificados Por el Código Penal del Distrito Federal, el cual se aplica en toda la República en esta materia. En consecuencia, existen 33 códigos de procedimientos penales, es decir, el mismo número que los civiles. A los anteriores que regulan el proceso penal que podemos calificar de ordinario, deben agregarse los enjuiciamientos especiales previstos por el Código de Justicia Militar de 28 de agosto de 1933, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 5 de enero de 1983.
Más sobre el Significado de Códigos de Procedimientos Penales
De acuerdo con lo expresado por el tratadista mexicano Juan José González Bustamante los antecedentes de los códigos procesales penales vigentes se remontan a la legislación española que siguió aplicándose con posterioridad a la independencia, de manera imprecisa, ya que algunos ordenamientos de la época son parciales y de aplicación restringida en el tiempo, como las leyes de 1824, para mejorar la administración de justicia y los procedimientos penales que es sustituida por las de 1831, 1837, 1855, y la de 1857, calificada como Ley Montes, para juzgar en procedimiento sumario a homicidas, heridores y vagos; otra también de 1857 sobre visitas de cárceles, y de 1869, o Ley Mariscal, primera de jurados.
Desarrollo
A su vez los procesalistas Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Sergio García Ramírez consideran que el impulso codificador se advirtió primeramente en el ámbito del Distrito Federal, ya que en 1872 se elaboró el proyecto debido a Manuel Dublán, José Linares, Luis Méndez, Manuel Siliceo, Manuel Ortiz de Montellano y Pablo Macedo. En 1890 se expidió el primer Código del Distrito, que se atribuye a Ignacio Mariscal, entonces Secretario de Justicia, con la colaboración de Manuel Dublán y Pablo Macedo; ordenamiento sustituido por el de 1894, en cuya redacción participaron Rafael Rebollar, Pedro Miranda, F. G. Puente y L. Agustín Borges. Durante la vigencia de la Constitución de 1917 se expidió el Código de Organización, Competencia y Procedimientos en materia penal de 15 de diciembre de 1929, que fue derogado (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) al poco tiempo por el vigente, de 27 de agosto de 1931. En la esfera federal el primer código fue expedido el 18 de diciembre de 1908, sustituido por el vigente de 23 de agosto de 1934.
Más Detalles
Por lo que se refiere a la influencia de los dos ordenamientos modelos se ha producido una situación diversa a la de los códigos procesales civiles, ya que en estos últimos la influencia predominante ha sido la del ordenamiento distrital, en tanto que en la materia procesal penal el código federal ha tenido mayor trascendencia. Sin embargo, los dos códigos mencionados parecen orientar a casi todos los de carácter local, con excepción de los códigos de los Estados de Jalisco (1934) y Michoacán (1967), este último considerado como de mejor técnica que los restantes.
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El Código de Procedimientos Penales para Distrito Federal de 20 de agosto de 193l, objeto de varias reformas pero todavía vigente, es el producto del proyecto elaborado por una comisión integrada por José Angel Ceniceros, Alfonso Teja Zabre, Carlos L. Angeles, José López Lira, Luis Garrido y Ernesto C. Garza. La más importante reforma de dicho ordenamiento fue la de 1971 en la que tuvo una participación destacada el jurista Sergio García Ramírez, al introducir el procedimiento sumario, de carácter voluntario para el inculpado y tratándose de delitos cuya pena máxima aplicable no exceda de cinco años de prisión (artículos 305-312 Código de Procedimientos Penales para Distrito Federal). El Código Federal de Procedimientos Penales fue promulgado el 23 de agosto de 1934, elaborado por una comisión integrada por Emilio Porte Gil, Angel González de la Vega, Fernando Ortega y Javier Piña Palacios, el cual siguió en su redacción original las mismas orientaciones que el Código de Procedimientos Penales para Distrito Federal, pero con mejor redacción y contenido a juicio de la doctrina.
Además
El citado Código Federal de Procedimientos Penales ha sufrido tres reformas esenciales, también con la intervención del procesalista Sergio García Ramírez, en su carácter de Procurador General de la República, promulgadas en diciembre de 1983, 1984 y 1985, con la intención, según se expresa en la exposición de motivos de las iniciativas presidenciales, de preparar la elaboración de un código único procesal penal tanto para la federación como para el Distrito Federal, como ocurre con el ordenamiento sustantivo. Los objetivos de las citadas reformas pueden sintetizarse en cuanto pretenden favorecer razonablemente la prontitud y expedición de la impartición de justicia (para lo cual introducen un procedimiento sumario similar al distrital); ampliar los derechos del ofendido; extender debidamente el alcance de las garantías constitucionales del inculpado inclusive en la fase de la averiguación previa; y consolidar al amparo de la Constitución las funciones propias de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal
Véase También
Código de Procedimientos Civiles
Recursos
Véase También
Bibliografía
Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, «Síntesis del derecho procesal (civil, mercantil y penal)», Derecho procesal mexicano, 2ª edición, México, Porrúa,1985; García Ramírez, Sergio, Curso de derecho procesal penal; 4ª edición, México, Porrúa, 1983; González Bustamante, Juan José, Principios de derecho procesal penal mexicano; 8ª edición, México, Porrúa, 1985; Procuraduría General de la República, La reforma jurídica de 1983 en la administración de justicia; y La reforma jurídica de 1984 en la administración de justicia, México, 1984 y 1985.