Soberanía Territorial en México

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¿Ejerce México la soberanía política en toda la república?

En noviembre de 2008, el Mando de las Fuerzas Conjuntas de EE.UU. del Departamento de Defensa emitió un informe oficial titulado Joint Operating Environment, Challenges and Implications for the Future Joint Force. En una sección sobre los Estados débiles y fallidos, sugería que «en términos de los peores escenarios para la Fuerza Conjunta, hay dos Estados grandes e importantes que deben ser considerados para un colapso rápido y repentino: Pakistán y México». Y concluía que «la posibilidad de México puede parecer menos probable, pero el gobierno, sus políticos, la policía y la infraestructura judicial están sometidos a un asalto y presión continuos por parte de las bandas criminales y los cárteles de la droga. El resultado de este conflicto interno en los próximos años tendrá un gran impacto en la estabilidad del Estado mexicano. Cualquier caída de México en el caos exigiría una respuesta estadounidense basada únicamente en las graves implicaciones para la seguridad nacional».

Como puede imaginarse, esta provocadora declaración, sin ninguna prueba que la corrobore, provocó una amplia reacción en México. México no es ni está al borde de ser un Estado fallido. Sin embargo, nueve años después de esta declaración, ¿hasta qué punto México ejerce el control sobre su territorio nacional y sus estructuras de gobierno? (Véase la pregunta sobre la seguridad de México en este capítulo). El grado de dicho control es, en efecto, una medida importante de la estabilidad y la fortaleza de un Estado soberano. Según los expertos mexicanos, el crimen organizado ha penetrado en más de tres cuartas partes de las comunidades mexicanas. El grado en el que los cárteles de la droga siguen infringiendo la soberanía de la estructura de gobierno civil en México permanece en gran medida sin cambios. A nivel local, en varios municipios rurales, los cárteles de la droga han amenazado a los líderes municipales y a la policía hasta tal punto que ya no funcionan de forma independiente, o han abandonado sus cargos por completo. Esta situación alentó al 46% de los mexicanos en 2015 a apoyar la toma de control personal sobre la aplicación de la ley en sus comunidades. También contribuyó a la creencia entre una considerable minoría de que el crimen organizado hace más por sus comunidades locales que el gobierno local. Por último, los ciudadanos de a pie sitúan actualmente a los cárteles de la droga en segundo lugar, después de los gobernadores de los estados, a la hora de ejercer el control regional. Las condiciones de estos municipios y estados cambian con el tiempo; por tanto, la falta de soberanía política no es necesariamente continua.

Además, si vamos más allá del control abierto de las organizaciones criminales e incluimos su control indirecto sobre los líderes políticos y las fuerzas policiales, los efectos comprometedores sobre la soberanía política son mucho más amplios, y en muchos casos desconocidos. Numerosos alcaldes han sido detenidos por estar a sueldo de los cárteles de la droga. La mayoría de los departamentos de policía en México están comprometidos por los sobornos y las amenazas del crimen organizado. En 2014, Control Risks estimó que la policía está involucrada en siete de cada diez secuestros. Dado el alcance de la corrupción -específicamente del crimen organizado- entre la policía, es imposible proteger a los posibles testigos que declararían contra los narcotraficantes y sus asociados. Dadas las reformas judiciales de junio de 2016, a raíz de las cuales los jueces exigen ahora pruebas más exhaustivas de la culpabilidad penal, los testigos, al igual que en el sistema judicial estadounidense, desempeñan un papel fundamental en el éxito del enjuiciamiento y la condena de los delincuentes. En un informe publicado por el programa Justicia en México de la Universidad de San Diego, ocho de cada diez jueces en 2016 coinciden en que las reformas han tenido resultados positivos. Dado que los cárteles de la droga persiguen otras formas de actividad delictiva, como la intimidación y el soborno de empresas locales, estas actividades plantean la cuestión de cuánto control ejercen realmente las autoridades locales en sus comunidades. Las consecuencias económicas son igualmente reveladoras. Ya en el año 2000, el coste estimado de la violencia para la economía mexicana era de aproximadamente el 12,3% del producto interior bruto. En 2011, 160.000 negocios cerraron sus puertas a causa del crimen organizado. Según la Coparmex, una de las principales asociaciones patronales, el 37 por ciento de las empresas mexicanas en 2014 reportaron haber sido víctimas de extorsión, corrupción, secuestro o robo, sobre todo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. La delincuencia costó a las empresas mexicanas 5.800 millones de dólares en 2014.

Revisor de hechos: Tom

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