Violencia

Es difícil medir los cambios económicos estructurales provocados por la revolución. Muchos historiadores no están de acuerdo con la idea de que México experimentó una «verdadera» revolución social, porque no encuentran pruebas adecuadas de cambios económicos importantes. La mayoría de los historiadores coinciden en que éstos incluirían cambios en la propiedad de la tierra. No hay duda de que, bajo algunas administraciones presidenciales, el gobierno mexicano comenzó a distribuir tierras a los campesinos sin tierra ya en 1915. Con el tiempo, las mayores cantidades de tierra se distribuyeron a los agricultores a través del sistema de ejidos, un sistema de tenencia de la tierra basado en el principio indígena de asignar la tierra a los pueblos de forma colectiva. A cada residente que quería cultivar, este sistema le otorgaba derechos de uso de la tierra y de transmisión de la misma a sus hijos, pero no la transmisión de un título de propiedad real de la tierra. El gobierno continuó repartiendo tierras durante la mayor parte del siglo XX, disolviendo la mayor parte de los grandes latifundios de México. Aunque millones de campesinos obtuvieron sus propias tierras, el gobierno nunca proporcionó el crédito adecuado para que estas explotaciones fueran productivas, ni en muchos casos distribuyó suficientes tierras para que fuera factible ganarse la vida. Los campesinos no podían pedir préstamos a los bancos privados porque no eran propietarios de la tierra. En la década de 1960, la mayoría de las propiedades ejidales se alquilaban ilegalmente y se consolidaban en fincas más grandes. Por lo tanto, se puede argumentar que la revolución produjo una redistribución más equitativa de la tierra, pero al mismo tiempo hizo poco para mejorar el bienestar económico real de los beneficiarios.