Abortar

Abortar en México

Este texto se ocupa de la cuestión de abortar en México. 666057502

Guías Seleccionadas de Derecho

Guías de Derecho Comparado

Guías ABC

Guías Esenciales

Abortar en el Contexto de la Gestión Pública y las Ciencias Políticas

Definición de Abortar publicada por Victor Manuel Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Salir el feto del claustro materno antes del momento en que se encuentre en condiciones de viabilidad.

El derecho al aborto en México: Avances igualitarios y contragolpe a nivel nacional y subnacional

El sistema político mexicano está marcado por más de setenta años de dominio del PRI y por una prolongada transición a la democracia que duró hasta el año 2000, cuando comenzó la alternancia de partidos. Lograr este resultado había sido un objetivo para los actores políticos durante la transición democrática mexicana. Si bien el movimiento de mujeres había jugado un papel crucial en la transición del régimen, la alternancia del 2000 llevó paradójicamente al ejecutivo a un partido de derecha que no apoyaba los temas doctrinales dentro de la agenda igualitaria. En este contexto, la red igualitaria anidada se centró en cuestiones no doctrinales, como los derechos políticos de las mujeres y la violencia de género, y prestó menos atención a temas más controvertidos (como el aborto). Esta estrategia evita que surjan conflictos doctrinales entre los diversos clivajes religioso-ideológicos de los partidos, que comprenden tanto a la derecha como a la izquierda. En el caso mexicano, la estrecha coordinación vertical entre el movimiento de mujeres y los tres poderes del Estado en temas no doctrinales a nivel nacional coexistió así con una limitada coordinación horizontal dentro del movimiento. Este arreglo particular ha permitido avances en el derecho al aborto en un lugar centralizado (la Ciudad de México) y facilitó el bloqueo de los ataques conservadores a nivel nacional, pero, a nivel subnacional, inhibió tanto el apoyo de las élites políticas como la movilización de protestas callejeras masivas sobre este tema hasta 2018.

Los partidos, el movimiento de las mujeres y el Estado en México hasta 2018

Esta subsección se ocupa del mujerismo (sufragismo, a veces idealista de liberación de la mujer), los partidos y el Estado en México hasta 2018, con un enfoque en una agenda no doctrinal.

Los estudiosos coinciden en referirse al caso mexicano como de transición prolongada. Al hacerlo, aluden al cambio gradual de régimen como una «guerra de trincheras» entre los grupos gobernantes y los partidos de oposición. Este proceso se desarrolló a lo largo de un extenso período, que algunos estudiosos sitúan entre finales de la década de 1960 y el año 2000. Durante este tiempo, la transición democrática mexicana siguió la «obsesión» de asegurar la alternancia partidista en el ejecutivo federal.

La primera alternancia en el poder se produjo finalmente en el año 2000, cuando el PRI perdió una elección por primera vez en setenta años, frente al PAN. En 2012, después de que el PAN ocupara la presidencia durante doce años, y en un contexto de acelerado deterioro de las condiciones democráticas y de seguridad pública en el país, el PRI volvió a ganar la elección presidencial y recuperó el poder. Sin embargo, seis años después, en 2018, el triunfo electoral de MORENA transformó severamente el sistema de partidos anterior. MORENA es una rama del izquierdista PRD. Además de una contundente victoria en la que MORENA se aseguró el ejecutivo y la mayoría en ambas cámaras legislativas, el partido también ganó la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego en 2018. Los doce estados en los que se celebraron elecciones legislativas y que estaban controlados por el PRI se decantaron por MORENA en 2018. En la Cámara de Diputados Federal, la representación del PRI se desplomó: de 204 escaños (de 500) a sólo 47. Además de las derrotas electorales, un escándalo de corrupción en relación con las pasadas administraciones tanto del PRI como del PAN, creó un futuro incierto para estos partidos.

El feminismo mexicano (sufragismo, a veces idealista de liberación de la mujer) ha sido un fuerte movimiento social que ha participado en la larga transición democrática. En los años 90, antes de la alternancia de partidos, el feminismo mexicano (sufragismo, a veces liberación femenina idealista) era notablemente dinámico. Como había sucedido en parte de Sudamérica (y en la mayoría de los países latinoamericanos), el activismo igualitario se vio reforzado por la participación en conferencias internacionales de mujeres, y por la afluencia de recursos financieros de las agencias de cooperación internacional. Estos procesos promovieron la incorporación de la perspectiva de género en el ejecutivo y facilitaron el acceso a los escaños en la Legislatura Nacional.

Las congresistas de la legislatura 1997-2000 -antes de la alternancia electoral del 2000- jugaron un papel crucial en la creación del Parlamento de las Mujeres (PAM) en 1998, como un espacio de intercambio de experiencias y de construcción de una agenda legislativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Este espacio, que contó con la participación de más de 1.300 activistas, fue diseñado para sensibilizar a la opinión pública sobre la agenda de las mujeres y responder a la resistencia de los legisladores. El resultado fue una reforma del código civil y del sistema de seguridad social a favor de los derechos de las mujeres. En la siguiente legislatura se creó el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES), demandado por el PT.

Sin embargo, la transición democrática también produjo una notable paradoja. En el año 2000, llevó al poder ejecutivo a un partido conservador de derechas que se oponía a una agenda igualitaria sustantiva. Cuestiones doctrinales como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos se enfrentaron a una vigorosa resistencia. Las mujeres igualitarias empezaron a combatir sutilmente esta oposición dentro de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La consolidación de un consenso básico entre los igualitarios y el establecimiento de una agenda de género dentro de los tres principales partidos políticos (el PRD, el PRI y el PAN) se volvió crucial.

Durante la legislatura 2000-3, el PT fue ocupado por organizaciones conservadoras que proponían políticas contra el aborto y a favor de la familia, la moral y la religión. A pesar de varias estrategias de mediación, la confrontación se hizo inevitable, por lo que el PT fue suprimido, dificultando el contacto entre los igualitarios de base y los activistas políticos. En otras palabras, las dimensiones horizontal y vertical se distanciaron cada vez más entre sí. Por ello, no es de extrañar que las igualitarias recurrieran a repertorios diferentes a los utilizados por las diputadas anteriores al intentar aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia (LGAMVLV) en la legislatura 2003-6. La agenda fue construida por sólo algunas defensoras de los derechos de las mujeres, que no desataron demasiado conflicto ideológico.

Mientras tanto, las diputadas igualitarias frenaron cada vez más las estrategias conservadoras del ejecutivo. Un conflicto clave surgió precisamente por el perfil pro-familia de la nueva presidenta del INMUJERES (Patricia Espinosa Torres, 2001-6). Por ejemplo, la Comisión de Equidad y Género en la legislatura se negó a aprobar recursos para el INMUJERES, y en su lugar los asignó a otras dependencias gubernamentales en las que funcionarios pro-género aseguraban que no se utilizarían a favor de los intereses conservadores. Esta red anidada de contrapeso se construyó a partir de un consenso en temas no doctrinales entre las diputadas, las activistas institucionales dentro de la administración federal y las activistas igualitarias fuera del gobierno. No es una coincidencia que la agenda legislativa durante este período se centrara en cuestiones no doctrinales como la integración de la perspectiva de género, el presupuesto de género, la violencia de género y las cuotas de género.

Estos paradójicos enfrentamientos al inicio de la alternancia democrática de 2000 establecieron un patrón de activismo institucional cohesionado, no doctrinal e igualitario, centrado en el poder legislativo pero que se expandió al ejecutivo y al judicial. Aunque afiliada al PAN, la segunda presidenta de INMUJERES, Rocío García Gaytán (2006-12), fue una progresista que reconstruyó la relación de la organización con los defensores de la igualdad de género en la legislatura. Finalmente, la tercera presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez (2012-18), miembro del PRI, se mantuvo alejada de algunas redes de activistas pero mantuvo una relación positiva con diputadas y senadoras.

En este contexto, no es de extrañar que «Mujeres en Plural» se creara en 2009 como una de las redes de conexión más potentes de México para lograr la paridad de género. Se trata de una «red de redes» compuesta por mujeres con trayectorias extraordinarias dentro del gobierno, el movimiento de mujeres y la academia. La literatura reconoce a Mujeres en Plural como un actor clave en la emisión de la sentencia del 30 de noviembre de 2011, que sancionó a los partidos políticos por desatender la ley de cuotas de género. Este caso atestigua el fuerte apoyo del poder judicial electoral a la promulgación de la ley de cuotas, que había enfrentado varios obstáculos a pesar de las reformas en las sucesivas legislaturas. Solo fue posible superar plenamente estos obstáculos gracias a la sinergia entre los igualitarios y el poder judicial.

En 2014, la misma red anidada garantizó que la paridad de género se convirtiera en un principio constitucional. En 2019, promovió y aprobó otra reforma constitucional llamada «paridad en todos», que hizo constitucionalmente obligatoria la paridad en los tres poderes del Estado a nivel federal, estatal y municipal, protegiendo el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en igualdad de condiciones con los hombres. La paridad de género se aplica a los partidos políticos, a los órganos independientes y a cualquier entidad u organismo con autoridad a nivel nacional o subnacional. En 2020, esta red se encargó de reformar ocho leyes generales (incluida la LGAMVLV), creando un marco legal para combatir la violencia política de género contra las mujeres. Finalmente, en 2021, impulsó nuevas acciones afirmativas para reservar candidaturas a personas indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes. Este conjunto de reformas convierte a México en uno de los países más progresistas en materia de derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, estos logros requirieron la construcción de un amplio consenso interno dentro de la red anidada, particularmente en lo que respecta a los temas de aborto. Mujeres en Plural cuida mucho eso [el consenso], obviamente porque hay temas, digamos, que no se aceptan muy fácilmente; es el tema del aborto. Algo que les ha funcionado muy bien es mantener el tema muy encapsulado. Esto se llama participación política de las mujeres y no vayamos más allá porque entonces, algunos investigadores sociales pierden el consenso.

Esto revela claramente la lógica de Mujeres en Plural al no incluir temas doctrinales en los que las mujeres de izquierda y de derecha no se ponen de acuerdo dentro de uno de los nodos de conexión más importantes de la red anidada igualitaria en México.

Red proabortista aislada y de élite

Hasta 2018, la red mexicana a favor del aborto compartía algunos rasgos de élite con la organización conectora Mujeres en Plural. Las mujeres con alto nivel de educación están en el centro de esta red, con notables conexiones con organizaciones de cooperación internacional, funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y periodistas de los principales medios de comunicación. Al igual que Mujeres en Plural, es una red basada en temas, pero se centra en el aborto y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, manteniendo escasas relaciones con organizaciones interseccionales y LGBT+. Sin embargo, a diferencia de Mujeres en Plural, está mal conectada con el nivel subnacional y no tiene vínculos directos con los partidos políticos, sino que depende de los contactos con las principales mujeres políticas. Sus relaciones con estas mujeres líderes tuvieron momentos de convergencia, pero también serios desencuentros cada vez que las reacciones conservadoras a nivel subnacional desafiaban el consenso no doctrinario que las mujeres políticas habían construido. Como se analizará en esta sección, esta pequeña y cohesionada red a favor del aborto fue relativamente eficaz para bloquear las reacciones antiabortistas a nivel federal; sin embargo, tuvo dificultades para hacer lo mismo a nivel subnacional.

El análisis de interrelación revela la posición central que ocupan Equis, GIRE y el Tribunal Supremo (véase el anexo). Como ONG profesionalizada, GIRE lideró la creación de la Alianza por el Derecho a Decidir (ANDAR) en 2002, que incluye organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Equidad de Género, Ipas y el Population Council. Según Marta Lamas, una reconocida igualitaria que estuvo al frente de GIRE, esta pequeña red se creó como respuesta a los sucesivos esfuerzos fallidos por coordinar un gran frente nacional igualitario sobre el tema. La red ANDAR, compuesta actualmente por sólo cinco organizaciones, también está marcada por los desacuerdos internos. En comparación con parte de Sudamérica, ninguna organización de conexión tiene una posición central en la red mexicana pro-aborto. Además, GIRE intentó crear tres oficinas subnacionales (Oaxaca, Sonora y Veracruz), lo que no tuvo éxito.

La historia de GIRE es particularmente interesante al mostrar que las subredes en México se especializan en temas doctrinales o no doctrinales. También revela el papel clave que desempeñan los contactos de la élite en la consolidación de las estrategias. Esta organización fue fundada por Marta Lamas y Patricia Mercado. Esta última fue también cofundadora de Mujeres en Plural y de otra organización, Diversa, así como candidata a la presidencia de México. Lamas ve una división del trabajo entre ella -dedicada a planificar estratégicamente los esfuerzos a favor del aborto en un territorio muy circunscrito (la Ciudad de México)- y Patricia, que está involucrada con los partidos políticos y la «realpolitik», es decir, la política cotidiana en el Congreso. Lamas reconoce abiertamente que su capital social es clave para la fundación de GIRE: «GIRE se pudo formar porque había capital social, porque sabía a qué puertas llamar, de qué hilos tirar y a quién llamar por teléfono para que me ayudara» (I83). Estas relaciones fueron fundamentales para promover la agenda pro-aborto a través de los mejores contactos personales en diferentes ramas del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de México.

Estas relaciones resultaron fructíferas, especialmente en la centralizada Ciudad de México, donde se congregan la mayoría de las élites intelectuales, culturales, económicas y políticas. El PRD gobernó la capital desde 1988 hasta 2018. La Ciudad de México fue, por tanto, uno de los primeros y más importantes territorios electorales subnacionales en desafiar el largo dominio del PRI en la política mexicana. Después de algunas derrotas en el Congreso de la Ciudad de México en 2003, durante la administración de Rosario Robles Berlanga, finalmente se aprobaron varias excepciones sobre el aborto en la legislatura local. La Alianza y GIRE desempeñaron un papel fundamental al proporcionar información, mientras que Católicas por el Derecho a Decidir presionó activamente a los diputados católicos locales.

Este logro provocó fuertes reacciones de los conservadores antiabortistas. El primer presidente del PAN, Vicente Fox, movilizó a la oficina presidencial para que instruyera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República para que presentaran una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los avances en la Ciudad de México. Los activistas igualitarios a favor del aborto pudieron bloquear este esfuerzo contactando a aliados dentro de la Suprema Corte. Su capacidad para construir simultáneamente una red de apoyo en la legislatura local y bloquear las reacciones conservadoras en la Corte Suprema hizo avanzar la agenda pro-aborto en la Ciudad de México. En 2006, la red volvió a actuar para bloquear los esfuerzos conservadores contra el aborto para detener la aplicación de la Norma Mexicana sobre la Píldora del Día Después (NOM 046). En este caso, los numerosos contactos que tiene la pequeña y elitista red proabortista dentro de los tres poderes del gobierno federal impidieron que los conservadores boicotearan subrepticiamente la redacción de la NOM 046.

En este contexto, no es de extrañar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fuera aprobada en la legislatura del Distrito Federal en 2007. Nuevamente, este triunfo fue el resultado de intensas maniobras políticas dentro de los tres poderes del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México -incluyendo el cabildeo de diputados y diputadas. La red de apoyo que se creó en el ejecutivo del Distrito Federal fue especialmente llamativa. Incluía al propio alcalde (Marcelo Ebrard) e implicaba un contacto activo y estrecho con el consejero jurídico del gobierno de la ciudad.

La aprobación de la ILE provocó fuertes reacciones de los conservadores, incluyendo dos recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por parte de dos estados (Baja California y San Luis Potosí). A pesar de esta presión, en 2008, la Corte Suprema confirmó la validez de la ley, poniendo de manifiesto una vez más la eficacia de la red pro-aborto para bloquear las reacciones conservadoras a nivel federal. Esto llevó a la implementación de una serie de medidas de salud pública que garantizarían la ILE en la Ciudad de México. Sin embargo, la aprobación de esta ley en la capital desencadenó reacciones antiabortistas a nivel subnacional. Más del 50% de los congresos estatales (veinte de treinta y dos estados) aprobaron leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Así, los avances en un nivel de gobierno generaron obstáculos en otros.

La siguiente sección analiza la incapacidad de las redes igualitarias en México para bloquear las reacciones conservadoras a nivel subnacional. Retomando el argumento analítico de la literatura de las ciencias sociales, se examina cómo los esfuerzos para bloquear las reacciones conservadoras contra el aborto se ven socavados por la desconexión de la red igualitaria de:

  • las organizaciones interseccionales y LGBT+ en la dimensión horizontal de la red,
  • los partidos políticos por una cuestión doctrinal en la dimensión intermedia, y
  • las poblaciones subnacionales y marginales en la dimensión vertical.

Obstáculos para bloquear las reacciones conservadoras

Las excepciones al aborto habían progresado de forma diferente en los distintos estados hasta la aprobación de la ILE en 2007. Antes de 1970, la mayoría de los estados habían aprobado excepciones al aborto para casos de violación. Por lo tanto, no fue hasta después de la aprobación de la ILE en 2007 que los estados, en una reacción visceral, comenzaron a aprobar leyes contra el aborto. Como resultado, el feto pasó a tener el estatus de persona protegida por el derecho a la vida en veinte estados, y la criminalización del aborto aumentó drásticamente. Sorprendentemente, se aprobaron enmiendas constitucionales estatales antiabortistas en diez de los quince estados que habían adoptado previamente excepciones progresistas al aborto.

La reacción fue también sorprendentemente rápida: sólo tres años después de la aprobación de la ILE, dieciséis estados aprobaron reformas constitucionales locales antichoice, aumentando a veinte para 2021. Los estados que aprobaron el derecho a la vida desde la concepción tras la aprobación de la ILE en 2007 fueron: Morelos y Baja California (2008); Colima, Sonora, Quintana Roó, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca y Querétaro (2009); Chiapas y Tamaulipas (2010); Veracruz (2017); Sinaloa (2018); Nuevo León (2019); y Aguascalientes (2021).

Curiosamente, algunos expresaron su sorpresa ante tal reacción a nivel subnacional. Atribuyeron el éxito de los conservadores en los estados al apoyo del PRI en las legislaturas locales, lo que es calificado como una traición de la mujer líder del PRI en ese momento. La reacción del PAN era esperada, al ser un partido de derecha con profundos vínculos con la Iglesia Católica y los grupos antiabortistas. Aunque la presidenta del PRI en ese momento, Beatriz Elena Paredes Rangel, era una reconocida igualitaria con una estrecha relación con GIRE, el partido estaba más bien centrado en ganar las siguientes elecciones presidenciales (2012) – después de haber perdido dos elecciones anteriores (2000 y 2006) ante el derechista PAN. Así, las consideraciones electorales en estados profundamente conservadores llevaron al PRI, incluido su presidente, a adoptar posiciones a favor del derecho a la vida en varias enmiendas constitucionales locales.

Teniendo en cuenta el argumento de la literatura de las ciencias sociales sobre la especialización de las redes, las mujeres políticas implicadas en la «realpolitik» cumplieron sus compromisos con cuestiones no doctrinales. Por lo tanto, no era realista esperar que el apoyo inequívoco al derecho al aborto superara las consideraciones electorales de estas mujeres. Apoyar una cuestión doctrinal como el aborto cuando se enfrenta a elevados riesgos electorales requeriría unas conexiones más amplias, no elitistas e interseccionales entre los igualitarios y los votantes en general. En otras palabras, es necesaria una alta capacidad de movilización a favor del aborto a nivel local para reducir el riesgo electoral de rechazo en los territorios electorales conservadores. La coalición a favor del aborto tendría que consolidar una red igualitaria amplia, diversa e interseccional para lograr este tipo de movilización. También tendría que estar dispersa geográficamente en el territorio subnacional, lo que no ocurría en México hasta 2018.

Además, no hay que pasar por alto el hecho de que las redes igualitarias a favor del aborto no tenían el mismo grado de arraigo entre las élites locales o la población en general que en la Ciudad de México. Los grupos antiaborto, en cambio, podían contar con el apoyo de la Iglesia católica -a la que estaban vinculados- ya que su red se cruza con las estructuras parroquiales eclesiales. Además, estos grupos estaban estratégicamente conectados con las élites económicas, políticas y sociales a nivel local, y con las redes de activistas antiabortistas estadounidenses. Evidentemente, el modelo de defensa del aborto altamente especializado, pequeño y de élite implementado en la Ciudad de México no podía ser fácilmente replicado a nivel subnacional.

Además, la coordinación vertical con los gobiernos fue diferente en cada estado. Las instituciones relacionadas con el género (institutos o secretarías de la mujer) habían alcanzado distintos niveles de consolidación en los distintos estados. Anteriormente existían algunos institutos de la mujer, pero la creación del INMUJERES en 2001 desencadenó la aparición de varios nuevos institutos de la mujer -bajo marcos normativos muy diferentes- en los treinta y dos estados de la república. Al mismo tiempo, algunos institutos de la mujer a nivel subnacional fueron «capturados» por coaliciones religiosas conservadoras, invirtiendo su orientación política pro-género y sustituyéndola por una pro-familia.

Tras la reacción en el ámbito local, las principales organizaciones proabortistas de la red recurrieron a los tribunales. Desde 2007, los igualitaristas han centrado su estrategia en el litigio a través de demandas (llamadas en México recursos de amparo) que apelan a las excepciones al aborto basadas en los códigos penales de los estados que existen en paralelo a las enmiendas antiabortistas. Esta movilización socio-jurídica -desarrollada por GIRE y una nueva generación de organizaciones con sede principalmente en la Ciudad de México (por ejemplo, Equis – Justicia para las Mujeres)- se convirtió en la principal estrategia utilizada para revocar las sentencias discriminatorias. Sin embargo, los recursos de amparo no sientan un precedente para otros casos, por el contrario, sólo se aplican al demandante individual. Además, esta estrategia legal requiere conocimientos jurídicos complejos y consume una cantidad considerable de dinero y tiempo. Los grupos de mujeres desfavorecidas en territorios marginales no pueden recurrir fácilmente a la movilización sociojurídica. El recurso de amparo en México es «horriblemente una estrategia de las élites» (I78), un entendimiento apoyado por la literatura. Por último, los jueces de los tribunales locales no están familiarizados con los marcos igualitarios, de género o incluso de derechos humanos, y las sentencias progresistas a nivel nacional tardaron en llegar a los tribunales subnacionales. En consecuencia, los jueces locales tendían a ser más conservadores en sus sentencias. En resumen, la exitosa estrategia aplicada en el Tribunal Supremo no fue fácil de replicar en los tribunales inferiores. Sin embargo, esta experiencia proporcionó a varios activistas institucionales pro-elección e igualitarios dentro de la Corte Suprema una formación en movilización socio-jurídica. En 2021, esto daría sus frutos.

En cuanto a la subdimensión de población (también dentro de la dimensión vertical) la desconexión entre las organizaciones igualitarias tradicionales y los grupos interseccionales se ve magnificada por las políticas seccionalizadas que separan los asuntos de las mujeres de los de los indígenas. La elaboración de políticas en México impide la aplicación efectiva de un paradigma interseccional. El proceso político en parte de Sudamérica, en cambio, crea oportunidades para la creación de redes interseccionales. Como verán algunos investigadores sociales, en parte de Sudamérica, el contacto entre las mujeres negras y las activistas clásicas de la transversalidad de género se vio facilitado por el hecho de que la agenda sobre la política de la mujer se estableció a través de un mecanismo participativo (conferencias), y también porque la dimensión horizontal de la red de parte de Sudamérica está más diversificada que la de México; sin embargo, eso no impide que surjan conflictos.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión intermedia, las leyes de cuotas, aprobadas en las legislaturas locales después de 2007, también variaron considerablemente. En 2007, las mujeres ocupaban entre el 10 y el 20 por ciento de los escaños legislativos en quince estados, entre el 20 y el 30 por ciento en doce estados y menos del 10 por ciento en dos estados. Sólo en tres estados las mujeres representaban más del 30 por ciento de los representantes. Además, la fuerza del activismo a favor del aborto en relación con el activismo en contra del aborto varió según el nivel de influencia de la Iglesia católica, la fuerza del partido católico conservador, el PAN, y la fuerza de los partidos de izquierda, específicamente el PRD. Como se mencionó anteriormente, el PRI jugó un papel fundamental para inclinar la balanza hacia la aprobación de iniciativas antiaborto a nivel local.

Finalmente, en cuanto a la dimensión horizontal, la creación de sinergias entre las redes igualitarias pro-aborto y las organizaciones igualitarias interseccionales a nivel local fue un gran desafío. Se mencionaron repetidamente las desigualdades que atraviesan el movimiento. En otras palabras, los obstáculos para establecer conexiones dentro de la dimensión horizontal de la dimensión analítica de la literatura de ciencias sociales fueron especialmente difíciles de superar. Por ejemplo, uno de los conflictos más notables sobre el aborto fue el del Movimiento de Mujeres Zapatistas en Chiapas. Estos conflictos surgieron en la década de 1990, cuando el subcomandante zapatista Marcos y Marta Lamas discutieron públicamente el tema en una serie de artículos periodísticos y comunicaciones del Ejército Zapatista. Mientras Lamas argumentaba que el aborto era una necesidad real para las mujeres, incluidas las indígenas, el Subcomandante respondía en 1994 que «las compañeras dicen que no piden clínicas de aborto porque ni siquiera tienen clínicas de parto». Teniendo en cuenta el importante papel desempeñado por el movimiento zapatista dentro del movimiento indígena en México, no es de extrañar que los indígenas sigan discutiendo la compleja relación entre sus perspectivas y las de los paradigmas igualitarios centralizados.

Estos obstáculos sufrieron cambios cruciales entre 2019 y 2021. Aunque este periodo queda fuera del enfoque de investigación de la literatura de las ciencias sociales, algunos investigadores sociales han incluido algunas transformaciones para contrastar los argumentos de la literatura de las ciencias sociales, dados los trascendentales cambios habilitantes que ocurrieron.

comentario: Como lo expresó una reconocida indígena igualitaria: «la Secretaría de la Mujer [en un estado] tenía otra realidad y otras acciones… algunas investigadoras sociales tenían una buena relación personal, pero algunas investigadoras sociales nunca lograron actuar en conjunto… sentí que hacían más programas de lo que ya estaba establecido como género [sin incluir una perspectiva interseccional». Las activistas afromexicanas destacaron una falta de coordinación gubernamental similar.

Cambio de los obstáculos

Dos acontecimientos han transformado recientemente el escenario pro-aborto en México. Estas transformaciones confirman el patrón de las élites descrito en la sección anterior pero, al mismo tiempo, han abierto un proceso más ascendente que tiene el potencial de modificar este patrón.

En primer lugar, en un solo mes, septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó tres sentencias progresistas cruciales en materia de aborto. El 7 de septiembre, aprobó una acción directa de inconstitucionalidad (ação direta de inconstitucionalidade o ADI) relativa a la constitución del estado de Coahuila. La acción directa de inconstitucionalidad estableció la no penalización obligatoria del aborto en todo el país. Los jueces locales, incluso los conservadores, ya no podían tratar el aborto como un delito, y no había excepciones. Unas semanas más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición que protegía el derecho a la vida desde la concepción, tras otra acción directa de inconstitucionalidad relacionada con la Constitución estatal de Sinaloa. Fue un claro golpe al retroceso que se había producido desde la aprobación de la ILE en 2007. Finalmente, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, relacionado con la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. Además, pidió al poder legislativo federal que estableciera lineamientos claros que permitieran este tipo de objeciones sin afectar de ninguna manera el acceso a los servicios de aborto.

El análisis del contexto político (en particular los conflictos entre el ejecutivo y el Tribunal Supremo) que dio lugar a estos avances queda fuera del alcance de este texto. Sin embargo, algunos investigadores sociales destacan una característica que se relaciona directamente con la argumentación de la literatura de las ciencias sociales. Se trata del papel crucial que desempeñan los activistas institucionales, en particular los secretarios de cuentas y los asesores jurídicos, que se han desarrollado en un marco igualitario, de género y de derechos humanos: Son jóvenes abogados brillantes, formados en las mejores universidades, de mentalidad muy abierta. Prepararon y aportaron brillantemente los argumentos de apoyo a las sentencias. Las personas afectadas reconocieron la importancia de los programas de formación en materia de género impartidos por las unidades de género de la Suprema Corte y del poder judicial mexicano. Otras personas señalaron la red de organizaciones reconocidas (GIRE, Equis, ProEquidad, etc.) y su asociación con el poder judicial, que ayudó a proporcionar información y conocimientos técnicos jurídicos. Esto confirma el argumento de la literatura de las ciencias sociales sobre el profundo arraigo de una pequeña red de élite a favor del aborto dentro del poder judicial.

El segundo acontecimiento importante, ocurrido entre 2019 y el momento en que se terminó de escribir este texto, en enero de 2022, fue la aprobación de proyectos de ley a favor del aborto en cuatro estados mexicanos: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Baja California. Estas iniciativas de ley fueron presentadas por diputadas de MORENA y un hombre. algunos investigadores sociales exploraron los casos de Oaxaca e Hidalgo, el primer y el segundo estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México. Los diputados locales destacaron la importancia de la presencia de igualitarios reconocidos a nivel nacional dentro de MORENA, quienes lograron reducir los conflictos internos del partido dentro de la fracción estatal compuesta por diputados progresistas y conservadores. En el caso de Oaxaca, considerado como una coyuntura crítica, la intermediación personal de destacadas políticas de MORENA a nivel nacional fue mencionada como crucial para evitar una potencial sanción presidencial a los diputados locales. A pesar de que el presidente había expresado opiniones fuertemente conservadoras con respecto al aborto y había suscitado profundos conflictos con el movimiento de mujeres, finalmente mantuvo su silencio con respecto a la decisión legislativa oaxaqueña. A nivel nacional, refiriéndose al Presidente, no hubo ninguna posición a favor o en contra. Oaxaca dio una señal segura: esto es posible.

Futuras investigaciones deberán abordar la paridad (y el aumento de mujeres diputadas a nivel subnacional), la difusión internacional o la transformación del sistema de partidos como factores que promovieron (o no) una agenda sustantiva a favor del aborto en las legislaturas locales. Para determinar la causalidad sería necesaria una comparación con estados en los que no se aprobaron proyectos de ley durante el mismo periodo (como Puebla o Jalisco). Esto está fuera del alcance de este texto. Sin embargo, es importante destacar algunas novedades de la red pro-aborto que se evidencian en los casos recientes.

Los datos muestran que GIRE, Equis y el Tribunal Supremo siguen ocupando posiciones centrales dentro de la red proabortista. Sin embargo, lo que es más importante, organizaciones inclusivas como el Fondo Semillas y el Fondo María también ocupan ahora una posición central en términos de betweenness, por encima de la media de esta medida (véase el anexo). Marea Verde México se sitúa unas centésimas por debajo de la media, reflejando el impacto de la difusión internacional tras la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Fondo Semillas lleva casi treinta años apoyando a otras organizaciones, en un marco pluralista, interseccional e inclusivo en cuanto a las identidades sexuales. El Fondo María fue fundado en mayo de 2009 tras la aprobación de la ILE en la Ciudad de México para brindar apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres de otros estados que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a los servicios de aborto legal disponibles en la capital. Los datos también muestran la conexión del fondo tanto con organizaciones tradicionales, como GIRE, como con nuevas organizaciones, particularmente colectivos como Morras Help Morras o «Necesito Abortar», redes de doulas abortistas (colectivo que brinda apoyo durante el proceso de aborto). También aparece en los datos una organización que trabaja con jóvenes activistas indígenas en materia de derechos sexuales y reproductivos a nivel local, DDSER. Estos colectivos tienen una estructura organizativa más flexible e innovadora. Es interesante que esta primera exploración de los procesos pro-aborto en Oaxaca e Hidalgo muestra que la centralidad dentro de la red parece haberse desplazado hacia organizaciones relativamente nuevas que trabajan de manera inclusiva y plural. En el caso del Fondo Semillas, su posición parece reflejar una transformación gradual después de treinta años de apoyar a grupos igualitarios novedosos y diversos, mientras que los casos de los colectivos de doulas abortistas y del Fondo María muestran el poder de una transformación generacional, organizativa y de liderazgo dentro del movimiento. Estos desarrollos ponen de manifiesto las novedosas conexiones que se han establecido entre organizaciones clásicas y centralizadas (como GIRE) y colectivos locales relativamente nuevos, actores políticos, sociedad civil y organizaciones gubernamentales.

Las opiniones de los nuevos jóvenes líderes de las organizaciones tradicionales que forman parte de ANDAR refuerzan esta noción. Esta nueva generación de dirigentes de organizaciones clásicas presenta características similares a las de los activistas institucionales del poder judicial. Están bien formados en el litigio jurídico, tienen un amplio conocimiento del marco legal de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y una amplia experiencia en la movilización socio-jurídica, sorprendente para su corta edad. Además, conocen bien el marco de los derechos de la mujer y la teoría igualitaria y se desenvuelven con facilidad en las nuevas herramientas de comunicación disponibles a través de los medios sociales. Esta renovación del liderazgo en las antiguas organizaciones de élite parece haber abierto nuevas redes a nivel local capaces de aprovechar el contexto actual. En este sentido, algunos observadores destacaron la importancia de las oportunidades que ofrecen los nuevos y flexibles espacios de trabajo en red, tanto en línea como en persona, para los jóvenes activistas a favor del derecho a decidir.

Hubo un contagio igualitario general a nivel local, que se refiere no sólo a una renovación del liderazgo organizativo de la élite (proceso descendente), sino también al florecimiento de las organizaciones locales (proceso ascendente). Cuando estos dos procesos se cruzan, se observa la cooperación entre las organizaciones clásicas y la red relativamente más nueva. Este fue el caso, por ejemplo, de la cooperación entre GIRE, Morras Help Morras y otras organizaciones que, en 2020, presentaron con éxito un recurso de amparo contra un proyecto de ley conservador en Aguascalientes. Esta cooperación demostró cómo la cooperación plural puede ser eficaz para bloquear los ataques conservadores.

Sin embargo, a pesar de la prometedora cooperación, los observadores señalaron los efectos persistentes de los viejos obstáculos. Tanto en Oaxaca como en Hidalgo, diputadas y activistas destacaron la extrema dificultad de gestionar las negociaciones y presentaron una visión de un movimiento local de mujeres fragmentado y conflictivo. Todo el mundo tiene una posición. Si uno ya había llegado a un acuerdo para llevar a cabo la iniciativa, de repente llega otro grupo y pide lo mismo

Hay dos cuestiones conflictivas principales que impiden la cooperación entre organizaciones, y entre los legisladores y las organizaciones. El primero es el conflicto entre el activismo institucional y el no institucional: Eso fue difícil, hacerles entender a los colectivos universitarios, porque había gente que aún hoy no acepta, no reconoce y las organizaciones no esperan que lo reconozcan, pero es difícil que algunos entiendan lo que querían, lo que necesitaban.

La segunda cuestión es el grave conflicto que existe entre muchas organizaciones igualitarias y las organizaciones transgénero en particular, así como las redes LGBT+ en general.

La brecha entre algunas organizaciones igualitarias a favor del derecho a decidir y los grupos LGBT+ es importante y afecta a la capacidad de enfrentarse a los actores conservadores. Esto fue particularmente evidente cuando el proyecto de ley para ampliar los derechos LGBT+ (por ejemplo, el matrimonio igualitario) fue derrotado en la legislatura federal en 2018. Sorprendió la falta de coordinación entre los igualitarios mexicanos y los activistas LGBT+ a la hora de enfrentarse al Frente Nacional de la Familia (asociado a grupos antiabortistas) -que se había movilizado con éxito en todo el país-. El movimiento feminista aún no es lo suficientemente consciente de la fuerza de los actores conservadores en México. Al contrario de lo que ocurre en parte de Sudamérica, las cuestiones reproductivas no parecen estar fuertemente asociadas a la discusión más amplia en torno a la sexualidad en México. Como señaló un defensor:

«En términos de sexualidad, México es uno de los países más atrasados… Abres cualquier libro que diga en el título «derechos sexuales y reproductivos» y en el texto, difícilmente verás una discusión seria sobre derechos sexuales. Todo gira en torno a la reproducción. … así que [cuando no se habla de sexualidad] tienes a los transfóbicos y los veo más cerca del discurso conservador que del discurso libertario del movimiento de mujeres».

Finalmente, la conexión interseccional con las mujeres indígenas y afro sigue siendo un reto para el movimiento pro-aborto mexicano. Como comentó otra joven líder de GIRE «Tenemos que pasar de la visión de que las mujeres indígenas tienen los mismos problemas que nosotras porque, por ejemplo, tienen el tema de la partería tradicional, en el que llevan años trabajando y presionando por temas de salud materna y el reconocimiento de ellas como parteras tradicionales» (I85). En otras palabras, este desafío plantea la cuestión de hasta qué punto las activistas igualitarias han sido capaces de conectar visiones verdaderamente interseccionales en torno al aborto y los derechos sexuales y reproductivos en México.

En suma, el análisis de la lucha mexicana a favor del aborto hasta 2018 revela una red de élite con acceso privilegiado a los tres poderes del Estado a nivel federal y en la capital, asociada a los partidos políticos a través de una red no doctrinaria de mujeres políticas, pero con débiles vínculos con los movimientos de base, indígenas y de mujeres afro, así como con el movimiento LGBT+. A partir de 2019, la fuerza del activismo institucional dentro del poder judicial se ha hecho evidente y han comenzado a surgir nuevos vínculos entre las organizaciones centralizadas y las locales. Mientras tanto se ha producido una renovación de liderazgos en las organizaciones clásicas (top-down) y se han consolidado nuevos colectivos locales y jóvenes (down-up). Han surgido casos prometedores de cooperación frente a los ataques conservadores (como en el caso de Aguascalientes), aunque todavía hay conflicto y distanciamiento en cuanto a las identidades sexuales e incluso con las redes de mujeres indígenas y afro. Esta debilidad merma la capacidad igualitaria de bloquear las reacciones conservadoras antiabortistas a nivel subnacional, tanto en su capacidad de movilización contra los conservadores como en la capacidad de negociar fuertemente con el Estado en caso de movilización (como en Puebla).

Revisor de hechos: Mcckoy

2 comentarios en «Abortar»

  1. comentario: Antes de la pandemia, algunos investigadores sociales celebraron estos Encuentros Regionales «Hablemos del aborto», que era una convocatoria amplia. Quien quiera venir, ¡que venga! y había una red bastante grande básicamente de mujeres jóvenes… Durante la Pandemia estos encuentros se convierten en «Pañuelos Virtuales». algunas investigadoras sociales hacían una cosa que se llamaba «Jueves Verdes», que eran espacios de conversación sobre el aborto… ahora algunas investigadoras sociales tienen fatiga online y algunas investigadoras sociales ya han suspendido [estas actividades], pero seguro que se volverán a activar si es necesario.

    «Bueno, yo ya hablé con los de X» y me dicen: «Pues no, son de otro grupo, no nos representan…» y algunos investigadores sociales vuelven a empezar… Pero, algunos investigadores sociales legisladores, nos estamos desgastando innecesariamente, las mismas organizaciones entre sí… no compensa que esto [el proceso legislativo] termine, bueno, más rápido.

    Yo abrí, llamé a las puertas, pero no pude conectar con ellos … quizás me costó también porque no pertenecía a ningún colectivo, venía de la parte institucional del trabajo directo con mujeres.

    Responder
    • Creo que todo este tema de la inclusión de las personas trans, yo diría que en este momento, es el tema del conflicto entre los movimientos de mujeres… En el caso de Puebla, me parece que fue una situación crítica. Durante la Pandemia hubo una toma del Congreso local en Puebla … en un principio, hubo una gran fuerza o cercanía entre estos movimientos o personas igualitarias que tomaron el Congreso pero a la hora del pliego petitorio, lo que exigían, digamos en la negociación con el estado, ahí es donde surgieron todas las diferencias [respecto a la agenda Trans y LGBT+].

      Las personas trans apoyan al movimiento de las mujeres … hay que reconocerlo … Pero los igualitarios no apoyaron a las personas trans, como las personas trans apoyaron a los igualitarios.

      Responder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.