Pena Capital en México en México
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Introducción a Pena Capital
Definición de Pena Capital
Ver el significado de Pena Capital en el diccionario jurídico y social.
La Pena de Muerte en el Derecho Penal
La presente sección analiza la pena de muerte en este contexto y, brevemente, su evolución histórica, como medio que permite entender determinados aspectos de la realidad normativa mexicana actual en relación a la pena de muerte. Con esta finalidad, se ha pretendido examinar las cuestiones más significativas que han ido configurando dicha institución en México, tanto desde un punto de vista sustantivo como procedimental, ceñido al marco de la pena de muerte y el Derecho Penal.
La Pena de Muerte en el Régimen Sancionador
En general, el liberalismo penal miró con repugnancia la bárbara pena capital, cuyas razones éticas y pragmáticas desacreditó constantemente. Hasta hace poco tiempo, parecía retraerse la pena de muerte, desplazada en definitiva por otros expedientes sancionadores. Empero, recientemente ha cobrado nueva fuerza, ante el auge de la criminalidad violenta, el desasosiego por la reincidencia, la elevada peligrosidad y la inadaptabilidad de algunos infractores, y el corriente fracaso de la pena privativa de la libertad. Esta «desesperación social», que urge la adopción de métodos penales más rigurosos —pena de muerte e intensificación de la cárcel punitiva, más allá de intentos «reformistas»— contempla sólo la superficie del fenómeno y no se muestra tan diligente al exigir el agotamiento —bien distante de existir— de los métodos penales de conservación y rescate. Hay aquí, pues, una gran reacción histórica: del ideal civilizador y, en cierto modo, optimista, de la recuperación, al propósito sumario de la exclusión física; de la «acción quirúrgica sobre el espíritu» (tan atravesada de problemas, por lo demás), a la mutilación del miembro social; de la hermética tendencia a destruir sólo al «delincuente que hay en el hombre», a la destrucción del hombre mismo.
El derecho constitucional mexicano ha conservado la pena de muerte. Lo hizo de mala gana en la redacción original de la Ley Suprema de 1857, tras vigoroso debate, como mal menor mientras se establecía el régimen penitenciario, condición para la abolición de aquélla. el artículo 22 C. prohíbe la pena de muerte para los delincuentes políticos y la permite (no la ordena; la opción, pues, queda sujeta a la ley secundaria) para el traidor a la patria en guerra extranjera, el parricida, el homicida con premeditación, alevosía y ventaja, el incendiario, el plagiario, el salteador de caminos, el pirata y los reos graves del orden militar. Salvo este último caso, los supuestos de pena capital incumben al Derecho común.
Más sobre la Pena de Muerte
la pena de muerte desapareció en el Distrito Federal en 1929. Escasamente impuesta o ejecutada, siempre ineficaz o aun contraproducente, paulatinamente fue excluida de los códigos estaduales. Su desaparición del derecho común ocurrió en 1974, al derogarse en el Código Penal de Sonora, el último Estado que la conservaba, a raíz de la sugerencia y del ofrecimiento hechos durante el Quinto Congreso Nacional Penitenciario. En consecuencia, subsiste únicamente en el Derecho castrense (artículo 122, fracción V del Código de Justicia Militar).[1]
Esfuerzos Mexicanos para la Evitación de la Pena Capital en Estados Unidos
Cómo México salva a sus ciudadanos de las ejecuciones de EE.UU.
El gobierno mexicano tiene un fondo para entrenar, mediante un programa, a abogados defensores americanos con pocos recursos. México no condona ni simpatiza en modo alguno con ninguna conducta delictiva por la que se haya acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) a algunos de sus ciudadanos, pero el gobierno mexicano se opone por principio a la pena de muerte y tiene una política firme de protección de sus nacionales en el extranjero, incluso en los Estados Unidos.
El programa refleja la amplia oposición internacional a la pena de muerte que está teniendo un impacto en los Estados Unidos. También resalta una queja hecha rutinariamente por los abogados defensores – que no se les dan suficientes recursos para hacer su trabajo de manera efectiva – mostrando lo que a menudo sucede cuando tienen esos recursos: evitan la pena de muerte.
Historia
Los Estados Unidos y México tienen una larga y polémica historia en lo que respecta a la pena de muerte. En el decenio de 1920, la periodista estadounidense Alma Reed hizo campaña para salvar la vida de un joven mexicano de 17 años que estaba en el corredor de la muerte en California, y se ganó una audiencia con el presidente del país, Álvaro Obregón. Al escribir sobre el actual programa de defensa en el Arizona Journal of International and Comparative Law, el abogado Michael Fleishman ha señalado que, desde entonces, la población mexicana, mayoritariamente católica, ha llegado a considerar las ejecuciones estadounidenses de sus ciudadanos como una «herramienta del matón del norte» y un signo del «imperialismo yanqui».
En la década de 1970, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó y luego revivió la pena de muerte, los Estados Unidos vieron una pausa en las ejecuciones. Pero cuando se reanudaron, algunas invariablemente involucraron a ciudadanos mexicanos, y el gobierno del país comenzó a dar dinero y asesoramiento a los abogados defensores de los Estados Unidos, un precursor del programa actual. Esto, inevitablemente, provocó el brote ocasional. En 1994, un trabajador migrante mexicano llamado Aurelio Barajas fue condenado a muerte por el asesinato de un empleado de una tienda de conveniencia en Idaho. México ayudó a financiar sus apelaciones, lo que finalmente llevó a los fiscales a negociar una sentencia de por vida una vez que su abogado presentó pruebas que sugerían que era mentalmente incompetente para ser juzgado, y demostró que el psicólogo que lo examinó no hablaba español.
«Imaginen a un estadounidense en un pequeño pueblo de México acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de matar a alguien … Vamos a utilizar la misma fuerza que los Estados Unidos en ese caso para ayudar a uno de los nuestros», dijo Laura Espinosa, vicecónsul en Salt Lake City, al diario The Los Angeles Times en ese momento. En respuesta, el procurador general de Idaho, Lynn Thomas, se quejó de que «los gobiernos extranjeros financian a la oposición con recursos ilimitados».
A veces, la pena capital se ha unido a un conjunto más amplio de tensiones sobre la política de inmigración de EE.UU. hacia los mexicanos. En 1997, una banda de mariachis tocó «Beautiful and Beloved Mexico» en un puente sobre el río Grande para saludar al cuerpo que regresaba de Irineo Tristán Montoya, un ciudadano mexicano que había sido ejecutado en Texas por haber apuñalado hasta la muerte a un conductor mientras hacía autostop. «Muros de acero a lo largo de partes de la frontera, leyes de inmigración cada vez más restrictivas, la violencia y la discriminación que sufren muchos inmigrantes en los Estados Unidos-Montoya ha llegado a representar todos esos insultos», informó en su momento la Associated Press. Cinco años después, poco después de la ejecución en 2002 del ciudadano mexicano Javier Suárez Medina en Texas por el asesinato de un agente de policía, el presidente mexicano Vicente Fox rechazó una invitación al rancho de George W. Bush en Crawford (Texas).
Sandra Babcock, la abogada estadounidense que en el año 2000 se convirtió en la primera directora del programa formal de México para ayudar a los acusados de delitos capitales, vio la participación del país en la defensa de la capital como una prueba de que su propio país estaba cayendo en sus obligaciones con los acusados. «Creo que es vergonzoso», dijo al Texas Observer. «Hay una pobreza extrema y aquí tenemos el país más rico del mundo que no puede proporcionar recursos adecuados y asesoría legal competente a la gente que se enfrenta a la pérdida de sus vidas.» La ayuda no siempre condujo al éxito: Desde 1976 se ha ejecutado a 10 ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (además de 22 ciudadanos de otros países).
En algunos casos, no se ha informado a los consulados extranjeros de que los ciudadanos de sus naciones se enfrentaban a la pena de muerte en los Estados Unidos. México, el Reino Unido, el Paraguay y Alemania han argumentado que podrían haber ayudado a sus ciudadanos a evitar una sentencia de muerte si hubieran sido informados. Estas denuncias llegaron a su punto culminante en 2004, cuando los abogados mexicanos convencieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya de que, en más de 50 casos de pena de muerte, los Estados Unidos habían violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 al no notificar a México cuando sus ciudadanos habían sido detenidos. Ese fallo dio lugar a Medellín contra Texas, un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que el Estado, representado por el entonces Procurador General Ted Cruz, argumentó que el fallo de la Corte Internacional no tenía poder sobre los Estados. El tribunal falló 6 a 3 a favor de Texas, señalando que no había ninguna ley federal que hiciera ese tratado vinculante para los estados.
Desde entonces, el gobierno mexicano ha presionado al Congreso para que apruebe una ley que exija a los estados notificar a los consulados mexicanos cuando sus ciudadanos sean arrestados. En una carta de 2014 dirigida al Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, el embajador mexicano escribió: «Respetuosamente sostengo que los Estados Unidos no tolerarían que otro signatario de la Convención de Viena diera el mismo trato a los ciudadanos estadounidenses».
Revisor: Lawrence
Sistemas Legales Latinoamericanos
Puede encontrar información sobre Pena Capital en algunos de los siguientes sistemas jurídicos:
| Recurso | Sistema Legal |
|---|---|
| Pena Capital | Pena Capital en Argentina, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Bolivia, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Brasil, Sistema Legal |
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| Pena Capital | Pena Capital en Colombia, Sistema Legal |
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| Pena Capital | Pena Capital en El Salvador, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en España, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Guatemala, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Honduras, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Mexico, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Nicaragua, Sistema Legal |
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| Pena Capital | Pena Capital en Paraguay, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Perú, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Puerto Rico, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en República Dominicana, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Uruguay, Sistema Legal |
| Pena Capital | Pena Capital en Venezuela, Sistema Legal |
Pena capital
Pena capital en la Enciclopedia Jurídica Omeba
Véase:
Recursos
Notas
- Información sobre la pena de muerte en «Introducción al Derecho Mexicano», UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas: La Gran Enciclopedia Mexicana, Sergio García Ramírez, reimpresión de la 1a ed. de 1981
Bibliografía
- Pina, Rafael de, Código Penal para el Distrito y Territorios Federales; 6a. ed., México, Porrúa, 1964.Porte Petit, Celestino, Legislación penal mexicana comparada, Jalapa, 1946.
Porte Petit, Celestino, Importancia de la dogmática jurídico-penal, México, 1954.
Porte Petit, Celestino, Programa de la parte general del derecho penal, México, UNAM, 1958.
Porte Petit, Celestino Evolución legislativa penal en México, México, Editorial Jurídica Mexicana, 1966.
Véase también
Otras búsquedas sobre Conceptos Generales del Derecho Penal en la Enciclopedia Jurídica Mexicana
Otras entradas relacionadas con Pena capital en la sección sobre los Conceptos Generales del Derecho Penal pueden ser las siguientes:
- Pena
- Peligrosidad
- Peligro
- Peculio del condenado
- Participación en el delito