Colaboración de Poderes en México
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Definición y Carácteres de Colaboración de Poderes en Derecho Mexicano
Concepto de Colaboración de Poderes que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Jorge Carpizo) La colaboración de los órganos del poder consiste en que éstos participen en forma conjunta o sucesiva para llevar a cabo una o varias funciones de carácter gubernativo.
Más sobre el Significado de Colaboración de Poderes
Los dos grandes teóricos del principio de la división o separación de poderes fueron John Locke y Montesquieu; su finalidad era que el poder detuviera al poder para evitar el abuso del mismo y así lograr el florecimiento de la libertad. Para Montesquieu los poderes son tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Son tres poderes, tres departamentos que se detienen unos a los otros; son tres potestades independientes. Las críticas al pensamiento de Montesquieu son abundantes, entre otras se pueden mencionar a: Ripert de Monclar, Bentham, Rousseau, Mirabeau, Duguit y Carré de Malberg. Las críticas señalan que el poder es indivisible, que lo divisible son los órganos y las funciones y que los órganos no son departamentos separados sino que colaboran entre sí. Sin embargo, la esencia del pensamiento de Locke y Montequieu aún perdura: que se asegure la libertad.
Desarrollo
El constitucionalismo mexicano ha seguido el principio de la colaboración de poderes con una excepción: la Constitución de Apatzingán que se encuentra dentro del pensamiento de Montesquieu; en ella se ligó íntimamente la idea de soberanía con la de separación de poderes. El artículo 11 de esa ley fundamental expresaba: «tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares», y el artículo 44 indicaba que: «Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de supremo congreso mexicano. Se crearán, además, dos corporaciones, la una con el título de supremo gobierno, y la otra con el de supremo tribunal de justicia». El artículo noveno del Acta Constitutiva de la Federación de 1824, decía: «el poder supremo de la federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo». Este artículo contiene la tesis mexicana; sólo existe un poder lo que se divide es su ejercicio. Este pensamiento lo encontramos en la Constitución de 1824 (artículo 6°), en las Bases Constitucionales de 1835 (artículo 4°) en los proyectos de Constitución de 1842 (en el de la mayoría, artículo 5°, y en el de la minoría, artículo 27), en las Bases de Organización Política de 1843 (artículo 5°), en la Constitución de 1857 (artículo 50), en la Constitución de 1917 (artículo 49).
Más Detalles
La colaboración de poderes en nuestra Constitución se basa en dos principios, para la realización de un acto con frecuencia se necesita la participación de dos de los órganos del poder y, en la noción de funciones formales y materiales. Ejemplos del primer principio son: la intervención del ejecutivo en el procedimiento legislativo, la celebración de los tratados internacionales por parte del ejecutivo federal y la ratificación, en su caso, por el senado, y cuando se declara que ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, el presidente envía al senado una terna para que esa cámara realice la designación correspondiente. Ejemplos del segundo principio son: la facultad reglamentaria del presidente – que materialmente es una función legislativa -, la facultad de la cámara de senadores de erigirse en gran jurado para conocer de los delitos oficiales de los altos funcionarios – que materialmente es una función jurisdiccional.
Colaboración de Poderes en el Derecho Parlamentario
Concepto y análisis ofrecido por el Diccionario universal de términos parlamentarios, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados: Locución que se integra por los conceptos: a) «Colaboración», acción y efecto de colaborar, de la voz latina (collaborare; de cum, con, y laborare, trabajar) que significa trabajar con otra u otras personas o instituciones en la producción de alguna cosa, en especial las de orden intelectual, y b) «poderes» que se refiere a cada uno de los tres poderes en que el derecho constitucional y la ciencia política dividen formalmente al poder supremo o soberano del Estado moderno, para el ejercicio de las funciones públicas de legislar, administrar e impartir justicia; o, dicho de otro modo: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Véase también, en relación a este tema, la siguiente entrada en la presente enciclopedia jurídica: poder). La palabra colaborar, se traduce en otros idiomas como: inglés, to colaborate; francés, collaborer; alemán, mitarbeiten, mitwirken; portugués, colaborar, e italiano, collaborare. En el campo legislativo, el concepto expresa la necesaria relación de trabajo conjunto, entre los poderes del Estado, con el propósito no sólo de dictar y establecer la vigencia de las leyes, sino también para participar en la ejecución de actos gubernativos. Así, referido, resulta un fenómeno de coordinación funcional entre las instituciones públicas del poder del Estado, describiendo todo el conjunto de acciones, actos y procedimientos de orden, secuencia y formalidad legislativa, que cada poder puede y debe cumplir de manera sucesiva -pero separada e independiente-, dentro de la esfera de sus respectivas competencias y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la norma procesal constitucional para la formación de las leyes.
Desarrollo de Colaboración de Poderes en este Contexto
En la Constitución mexicana se establecen las reglas de la colaboración de los poderes sobre dos principios: a) En la participación de dos poderes para la realización de un acto o mandamiento constitucional; y b) en la noción de lo que se conoce como ejercicio legal de funciones formales y materiales. Proceso Legislativo. Respecto del primero, es decir, la colaboración entre el Poder Legislativo y la intervención del ejecutivo en el proceso formativo de las leyes, se encuentran: a) El derecho de presentar iniciativa (art. 72); b) la promulgación y publicación de las leyes (art. 89); c) el ejercicio del veto (art. 72); d) la proposición legislativa para la regulación de funciones hacendarias, político electorales, de declaración de guerra y de suspensión o restricción de garantías constitucionales (art. 73). Funciones jurisdiccionales. Para el caso de proceder penalmente, contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho, los jefes de departamentos administrativos, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, los procuradores General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos que hayan cometido durante el tiempo de su encargo, corresponde a la Cámara de Diputados erigirse en órgano de acusación para llevar a cabo la instrucción y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si el inculpado debe quedar a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley (art. 108).
Más Detalles
Corresponde al Congreso, conocer el juicio político que se inicie en contra de los servidores públicos mencionados anteriormente, además de los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los directores generales, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados, empre
sas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos, cuando durante el desempeño de su cargo incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (art. 110). Colaboración, autorización y control financiero. El Ejecutivo requiere, para sustentar el gasto del ejercicio anual de la administración de los bienes y servicios públicos, que el Legislativo le apruebe la iniciativa de decretos de los presupuestos de egresos y de ingresos. Dentro de los ingresos, se comprenden todas las cargas impositivas consideradas como contribuciones, además de los aprovechamientos, productos y demás ingresos que por financiamiento interno o empréstitos externos requiera y reciba el Estado para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. El Legislativo establece el control financiero sobre el gasto que realice el Ejecutivo haciendo la revisión anual de la cuenta pública, cuyo objeto es conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Tal revisión la lleva a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Del informe que rinde la Contaduría se pueden determinar las responsabilidades que resulten para proceder de acuerdo con la ley, si es el caso que aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas del presupuesto autorizada o, si no existiera exactitud y justificación en los gastos hechos. Ratificación de nombramientos. Respecto de ciertos nombramientos realizados por el ejecutivo, es necesaria la ratificación del Congreso, por ejemplo, se requiere que el Senado de la República ratifique los nombramientos de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás superiores del ejército, la armada y la fuerza aérea nacionales y los empleados superiores de hacienda (arts. 76 y 89). Si el Congreso se encuentra en receso, la facultad de ratificación corresponde a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (arts. 79 y 89).
Más sobre Colaboración de Poderes
Autorizaciones de separación del cargo. El Congreso tiene facultad para conceder licencia y aceptar la renuncia del Presidente de la República (art. 73, XXVI, XXVII); en tanto que la Cámara de Senadores la de otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia que le somete el Presidente de la República respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y la Comisión Permanente del Congreso, conoce y resuelve sobre las solicitudes de licencia que le presentan los legisladores (art. 79, VIII). Dentro de este apartado pueden incluirse la facultad del Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente para autorizar al Ejecutivo Federal a que se ausente del territorio nacional por un tiempo determinado, a fin de que cumpla con sus compromisos de carácter internacional. Ratificación de acuerdos internacionales. Cabe mencionar que la Constitución faculta al presidente para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar con las potencias extranjeras los tratados necesarios sometiéndolos a la ratificación del Senado de la República (arts. 76, I y 89, X y 133), por constituir los mismos, junto con la Constitución y las leyes del congreso que emanen de la propia constitución, la ley suprema de toda la unión, además de que su contenido vincula a los jueces de cada Estado, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran surgir entre las respectivas constituciones locales y la federal, sus leyes reglamentarias y orgánicas y los propios tratados internacionales. Desaparición de poderes en los estados. Corresponde al Senado de la República declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que se le debe nombrar un gobernador provisional el cual tiene como responsabilidad convocar a elecciones conforme a las leyes constitucionales del propio Estado. Dicho nombramiento se hace de una terna enviada a dicha cámara por el Poder Ejecutivo (art. 76, V). Facultad reglamentaria. Ejemplo del segundo principio arriba indicado, es decir, del ejercicio de funciones formales y materiales que pueden ubicarse en el campo de competencia de uno u otro poder, se encuentra la responsabilidad constitucional del Presidente de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (facultad reglamentaria) a su exacta observancia (art. 89, I.). Intervención de la Suprema Corte. Dentro de la colaboración de los poderes, corresponde a la Suprema Corte de Justicia la facultad para intervenir en las controversias constitucionales que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, o entre aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su caso, la comisión permanente (art. 105, C); así como para dirimir las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general expedida por el legislativo y lo previsto en la constitución (art. 105, II).
Más
Investigación de la administración. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros si se trata de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad para integrar comisiones a fin de investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados federales y de las empresas de participación estatal mayoritaria. Deberá de hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal el resultado de las mismas (art. 93). Igualmente, están dotados de la facultad para citar a los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos y al Procurador General de la República así como a los directores y administradores de organismos de la administración descentralizada, para que den cuenta ante el Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Existe un par de supuestos más, que expresan el valor de la colaboración entre los poderes. Son: a) La intervención del Ejecutivo cuando las dos cámaras del Congreso ante la necesidad de trasladarse a otra sede, difieran en cuanto al tiempo, modo y lugar (art. 68); y b) la intervención del Legislativo para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación (art. 73, V) (MIGUEL ÁNGEL CAMPOSECO CADENA).
Colaboración de Poderes en el Derecho Parlamentario
Introducción General
Locución que se integra por los conceptos: a) Colaboración, acción y efecto de colaborar, de la voz latina (collaborare; de cum, con, y laborare, trabajar) que significa trabajar con otra u otras personas o instituciones en la producción de alguna cosa, en especial las de orden intelectual, y b) poderes que se refiere a cada uno de los tres poderes en que el derecho constitucional y la ciencia política dividen formalmente al poder supremo o soberano del Estado moderno, para el ejercicio de las funciones públicas de legislar, administrar e impartir justicia; o, dicho de otro modo: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial (vid. supra, poder). La palabra colaborar, se traduce en otros idiomas como: inglés, to colaborate; francés, collaborer; alemán, mitarbeiten, mitwirken; portugués, colaborar, e italiano, collaborare. En el campo legislativo, el concepto expresa la necesaria relación de trabajo conjunto, entre los poderes del Estado, con el propósito no sólo de dictar y establecer la vigencia de las leyes, sino también para participar en la ejecución de actos gubernativos. Así, referido, resulta un fenómeno de coordinación funcional entre las instituciones públicas del poder del Estado, describiendo todo el conjunto de acciones, actos y procedimientos de orden, secuencia y formalidad legislativa, que cada poder puede y debe cumplir de manera sucesiva -pero separada e independiente-, dentro de la esfera de sus respectivas competencias y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la norma procesal constitucional para la formación de las leyes.
Desarrollo de Colaboración de Poderes en este Contexto
La teoría de la división de poderes de Montesquieu, cuyos antecedentes se encuentran en Aristóteles, Polibio y Locke, ha sufrido una constante transformación acorde a la registrada por la ciencia política y la organización de los estados modernos. Hoy en día hay autores que niegan expresamente su vigencia; otros que hablan de la existencia de hasta ocho funciones diferenciadas que denominan poderes. No obstante, la teoría de la división de poderes tiene plena vigencia teórica y no poca aplicación práctica, ya que ejerce una notable influencia en la organización de los sistemas jurídico políticos actuales y que sirve con utilidad como instrumento interpretativo, para explicar y definir los grandes rubros de las distintas funciones que asumen y se atribuyen a los órganos públicos del Estado. Existe la tendencia doctrinal que afirma que la teoría de la división de poderes de la democracia liberal hoy necesita redefinirse para acordarla al resultado de la realidad política actual, que acredita profundos cambios estructurales de la sociedad con la participación de partidos, gobierno, fuerzas sociales, en una confrontación constante y en un ejercicio permanente de división y limitación del poder político y de los poderes del Estado. Igualmente influyen los cambios sociales, económicos y culturales, así como la tendencia a reestructurar las funciones de los órganos del Estado. Las funciones que realizan el Congreso-Ejecutivo o el Parlamento-Gobierno de franca colaboración funcional, enseña que en los estados democráticos se está produciendo un profundo cambio que modifica las funciones que antes estaban separadas.
Más Detalles
En la Constitución mexicana se establecen las reglas de la colaboración de los poderes sobre dos principios: a) En la participación de dos poderes para la realización de un acto o mandamiento constitucional; y b) en la noción de lo que se conoce como ejercicio legal de funciones formales y materiales. Proceso Legislativo. Respecto del primero, es decir, la colaboración entre el Poder Legislativo y la intervención del ejecutivo en el proceso formativo de las leyes, se encuentran: a) El derecho de presentar iniciativa (art. 72); b) la promulgación y publicación de las leyes (art. 89); c) el ejercicio del veto (art. 72); d) la proposición legislativa para la regulación de funciones hacendarias, político electorales, de declaración de guerra y de suspensión o restricción de garantías constitucionales (art. 73). Funciones jurisdiccionales. Para el caso de proceder penalmente, contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho, los jefes de departamentos administrativos, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, los procuradores General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos que hayan cometido durante el tiempo de su encargo, corresponde a la Cámara de Diputados erigirse en órgano de acusación para llevar a cabo la instrucción y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si el inculpado debe quedar a disposición de las autoridades competentes para que actúen conforme a la ley (art. 108).
Algunos Aspectos
Corresponde al Congreso, conocer el juicio político que se inicie en contra de los servidores públicos mencionados anteriormente, además de los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los directores generales, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos, cuando durante el desempeño de su cargo incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (art. 110). Colaboración, autorización y control financiero. El Ejecutivo requiere, para sustentar el gasto del ejercicio anual de la administración de los bienes y servicios públicos, que el Legislativo le apruebe la iniciativa de decretos de los presupuestos de egresos y de ingresos. Dentro de los ingresos, se comprenden todas las cargas impositivas consideradas como contribuciones, además de los aprovechamientos, productos y demás ingresos que por financiamiento interno o empréstitos externos requiera y reciba el Estado para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. El Legislativo establece el control financiero sobre el gasto que realice el Ejecutivo haciendo la revisión anual de la cuenta pública, cuyo objeto es conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Tal revisión la lleva a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Del informe que rinde la Contaduría se pueden determinar las responsabilidades que resulten para proceder de acuerdo con la ley, si es el caso que aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas del presupuesto autorizada o, si no existiera exactitud y justificación en los gastos hechos. Ratificación de nombramientos. Respecto de ciertos nombramientos realizados por el ejecutivo, es necesaria la ratificación del Congreso, por ejemplo, se requiere que el Senado de la República ratifique los nombramientos de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás superiores del ejército, la armada y la fuerza aérea nacionales y los empleados superiores de hacienda (arts. 76 y 89). Si el Congreso se encuentra en receso, la facultad de ratificación corresponde a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (arts. 79 y 89).
Otras Questiones
Autorizaciones de separación del cargo. El Congreso tiene facultad para conceder licencia y aceptar la renuncia del Presidente de la República (art. 73, XXVI, XXVII); en tanto que la Cámara de Senadores la de otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia que le somete el Presidente de la República respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y la Comisión Permanente del Congreso, conoce y resuelve sobre las solicitudes de licencia que le presentan los legisladores (art. 79, VIII). Dentro de este apartado pueden incluirse la facultad del Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente para autorizar al Ejecutivo Federal a que se ausente del territorio nacional por un tiempo determinado, a fin de que cumpla con sus compromisos de carácter internacional. Ratificación de acuerdos internacionales. Cabe mencionar que la Constitución faculta al presidente para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar con las potencias extranjeras los tratados necesarios sometiéndolos a la ratificación del Senado de la República (arts. 76, I y 89, X y 133), por constituir los mismos, junto con la Constitución y las leyes del congreso que emanen de la propia constitución, la ley suprema de toda la unión, además de que su contenido vincula a los jueces de cada Estado, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran surgir entre las respectivas constituciones locales y la federal, sus leyes reglamentarias y orgánicas y los propios tratados internacionales. Desaparición de poderes en los estados. Corresponde al Senado de la República declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que se le debe nombrar un gobernador provisional el cual tiene como responsabilidad convocar a elecciones conforme a las leyes constitucionales del propio Estado. Dicho nombramiento se hace de una terna enviada a dicha cámara por el Poder Ejecutivo (art. 76, V). Facultad reglamentaria. Ejemplo del segundo principio arriba indicado, es decir, del ejercicio de funciones formales y materiales que pueden ubicarse en el campo de compete
ncia de uno u otro poder, se encuentra la responsabilidad constitucional del Presidente de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (facultad reglamentaria) a su exacta observancia (art. 89, I.). Intervención de la Suprema Corte. Dentro de la colaboración de los poderes, corresponde a la Suprema Corte de Justicia la facultad para intervenir en las controversias constitucionales que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, o entre aquél y cualquiera de las cámaras de éste o, en su caso, la comisión permanente (art. 105, C); así como para dirimir las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general expedida por el legislativo y lo previsto en la constitución (art. 105, II).
Más Consideraciones
Investigación de la administración. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros si se trata de los diputados, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad para integrar comisiones a fin de investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados federales y de las empresas de participación estatal mayoritaria. Deberá de hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal el resultado de las mismas (art. 93). Igualmente, están dotados de la facultad para citar a los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos y al Procurador General de la República así como a los directores y administradores de organismos de la administración descentralizada, para que den cuenta ante el Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Existe un par de supuestos más, que expresan el valor de la colaboración entre los poderes. Son: a) La intervención del Ejecutivo cuando las dos cámaras del Congreso ante la necesidad de trasladarse a otra sede, difieran en cuanto al tiempo, modo y lugar (art. 68); y b) la intervención del Legislativo para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación (art. 73, V) (MIGUEL ÁNGEL CAMPOSECO CADENA).
Recursos
Bibliografía
CARPIZO, Jorge, Colaboración de poderes, en Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 1989, t. I.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ABZ Editores, México, 1995, 1a. ed., vol. X. Cuadernos de Derecho.
DALMO DE ABREU, Dallari, Relación del parlamento con los otros poderes, en Derecho Parlamentario Iberoamericano, LIII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, Porrúa, 1987, 1a. ed.
RIEZU, Jorge, Control y reducción del parlamento por el gobierno o relaciones del legislativo y del ejecutivo en la realidad política, Terceras Jornadas Internacionales de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Barcelona, 1978.
VALADÉS, Diego, Las relaciones de control entre el legislativo y el ejecutivo en México, en Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios, núm. 1, primera época, vol. I, Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones Legislativas, México, 1991.
Recursos
Véase También
Bibliografía
CARPIZO, Jorge, «Colaboración de poderes», en Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 1989, t. I.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ABZ Editores, México, 1995, 1a. ed., vol. X. Cuadernos de Derecho.
DALMO DE ABREU, Dallari, «Relación del parlamento con los otros poderes», en Derecho Parlamentario Iberoamericano, LIII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, Porrúa, 1987, 1a. ed.
RIEZU, Jorge, Control y reducción del parlamento por el gobierno o relaciones del legislativo y del ejecutivo en la realidad política, Terceras Jornadas Internacionales de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Barcelona, 1978.
VALADÉS, Diego, «Las relaciones de control entre el legislativo y el ejecutivo en México», en Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios, núm. 1, primera época, vol. I, Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones Legislativas, México, 1991.
Recursos
Véase También
Bibliografía
Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 3ª edición, México, Porrúa, 1979; Carpizo, Jorge, La constitución mexicana de 1917, 4ª edición, México, UNAM, 1980, González Flores, Enrique, Derecho constitucional; 2ª edición, México, Textos Universitarios, 1965; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Pax México, 1972; Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 17ª edición, México, Porrúa, 1980.