Recursos del Subsuelo en México
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¿Por qué México nacionalizó la industria petrolera en 1939?
Una de las causas subyacentes de la Revolución de 1910 fue el grado de influencia que los extranjeros ejercían en México. (Véase la información sobre las causas de la Revolución Mexicana, en esta plataforma digital.) Durante el Porfiriato, de 1884 a 1911, se otorgaron numerosas concesiones a los inversores extranjeros, que iban desde derechos de paso para los ferrocarriles hasta la explotación de los minerales del subsuelo, incluido el petróleo, un recurso con el que México estaba muy bien dotado. Los revolucionarios victoriosos expresaron un fuerte sentido de nacionalismo que surgió de la década revolucionaria entre 1910 y 1920 y que se codificó en la Constitución de 1917, incluyendo la asignación de todos los derechos del subsuelo a la nación mexicana y la estipulación de que el desarrollo y la explotación de cualquier reserva mineral fueran aprobados por el gobierno. Otro tema que surgió durante la década revolucionaria y que ayuda a explicar la nacionalización de 1939 fue el de los derechos de los trabajadores. Antes de la revolución se desalentaban las huelgas, pero los presidentes posrevolucionarios, empezando por Álvaro Obregón (1920-24), que contó con el apoyo de los trabajadores organizados para llegar a la presidencia, fomentaron el crecimiento laboral. En la década de 1930, uno de los sectores económicos en los que los conflictos obrero-patronales se hicieron más intensos fue la industria petrolera. A través de la junta de arbitraje laboral del gobierno, Lázaro Cárdenas, que llegó a la presidencia en 1934, legalizó más huelgas laborales durante su administración que cualquiera de sus predecesores.
Todo el petróleo de México era extraído por empresas estadounidenses y europeas. Un sindicato recién formado, cuyas demandas de mejores salarios y prestaciones fueron rechazadas por las compañías petroleras, llevó su caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que falló a favor del sindicato y le permitió llevar a cabo una huelga legal. La Junta emitió una sentencia contra las empresas, exigiéndoles el pago de millones en salarios atrasados. Las empresas se negaron a cumplir la decisión y llevaron sus quejas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló en contra de su apelación. El Presidente Cárdenas, ante la intransigencia de las empresas, la mayoría de las cuales se negaron a acatar la decisión del tribunal, decidió que no tenía otra alternativa que expropiar la mayoría de las participaciones de las empresas en México, creando la base de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de México. El gobierno tasó el valor de esas participaciones, lo que también impugnaron las empresas. El Departamento de Estado de EE.UU. hizo una valoración independiente de su valor y consideró que el precio del gobierno mexicano era generoso y estaba por encima de la propia valoración del Departamento de Estado. Antes de que Cárdenas anunciara su decisión el 18 de marzo de 1938, era visto por muchos grupos en México, incluyendo la jerarquía católica, la comunidad empresarial, los mexicanos religiosos y la derecha política, de forma negativa y controvertida. Al día siguiente de su anuncio, la mayoría de los mexicanos respondieron instantánea, entusiasta y patrióticamente en apoyo a la decisión del presidente. Incluso la Iglesia católica realizó activamente colectas para ayudar a pagar a las empresas. Como ocurrió en otros lugares de América Latina y del Tercer Mundo, la decisión provocó un aumento del sentimiento nacionalista entre la población mexicana. El presidente José López Portillo (1976-82), estudiante universitario en aquella época, se vio influido años después en su propia decisión de nacionalizar los bancos de México por lo ocurrido en 1938. El legado político de Cárdenas tras esta decisión le convirtió en el presidente más popular de México durante el resto del siglo XX.
Revisor de hechos: Tom
Recursos del Subsuelo en el Régimen Patrimonial del Estado
La presente sección analiza recursos del subsuelo en este contexto y, brevemente, su evolución histórica, como medio que permite entender determinados aspectos de la realidad normativa mexicana actual en relación a recursos del subsuelo. Con esta finalidad, se ha pretendido examinar las cuestiones más significativas que han ido configurando dicha institución en México, tanto desde un punto de vista sustantivo como procedimental, ceñido al marco de recursos del subsuelo y Régimen Patrimonial del Estado.
Recursos del Subsuelo en los Bienes Públicos
La Constitución de 1917 retornó a la vieja tradición española —rota durante el porfiriato— de considerar al Estado como dueño de los recursos del subsuelo.
Es la misma Constitución la que permite la explotación, uso o aprovechamiento de esos recursos a través de una concesión, excepto cuando se trate de petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, pues sólo la nación puede llevar a cabo la explotación de esos productos.
Más sobre Recursos del Subsuelo
la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, norma la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias que constituyen depósitos minerales diversos de los componentes de los terrenos.
El Estado interviene en esas actividades a través del Consejo de Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, así como por conducto de empresas en las que la participación estatal mayoritaria debe ascender al 51% del capital social.
Desarrollo
A los particulares les es permitida la exploración y explotación mineras en los renglones que especifica la ley, aceptándose la inversión extranjera hasta un 49%; pero tratándose de concesiones especiales para la explotación de reservas mineras, esa participación sólo puede alcanzar el 34%.
En el Registro Público de Minería —dependencia de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial— han de inscribirse todos los actos y contratos relacionados con las actividades que constituyen el objeto de la ley reglamentaria citada.[1]
Recursos
Notas
- Información sobre recursos del subsuelo en «Introducción al Derecho Mexicano», UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas: La Gran Enciclopedia Mexicana, Emilio Chuayffet Chemor, reimpresión de la 1a ed. de 1981
Bibliografía
- Olivera Toro, Jorge, Manual de derecho administrativo; 3a. ed., México, Porrúa, 1972.
Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo; 7a. ed., México, Porrúa, 1976.