La puesta en marcha de importantes reformas de la gestión del sector público, muchas de las cuales se asocian con el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP, véase mucho más a nivel mundial), comenzó a mediados de la década de 1990 en la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo de México. Hasta principios de la década de 1990, la gestión de las inundaciones era principalmente responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrológicos (SARH), una agencia federal altamente centralizada, tecnocrática y poderosa. En 1992 se promulgó una Ley Nacional del Agua que reflejaba claramente la filosofía administrativa de la Nueva gestión pública. Esta nueva ley se diseñó para mejorar el acceso y el suministro de agua recuperando una mayor parte de los costes de la gestión del agua y, lo que es más importante, otorgando concesiones para la gestión del suministro de agua a los gobiernos municipales y a las agencias cuasiprivadas. La ley también pretendía mejorar la participación de los gobiernos locales, los usuarios del agua y el sector privado en la gestión del abastecimiento de agua.