Legislación Federal en México
[aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] Nota: Véase el contenido relativo a las Leyes Federales de México, o leyes de la Federación Mexicana.
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»][rtbs name=»derecho»]Legislación Federal
Aquí se trata la legislación federal mexicana. En este tema se tratan las leyes administrativas ordinarias y se establecen las condiciones para su aplicación. La sanción puede ser de naturaleza diversa, dependiendo del caso.
También se examinan las diferentes denominaciones que pueden tener las leyes en el orden jurídico mexicano, como leyes federales, comunes, reglamentarias y orgánicas. A pesar de estas diferencias, se considera que todas pertenecen a una sola categoría de leyes federales ordinarias.
El artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, dividido en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. El Poder Legislativo Federal es uno de los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce su soberanía.
El Congreso de la Unión es la reunión de las dos cámaras, y también existen otros órganos que integran el Poder Legislativo Federal, como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las comisiones legislativas y la Contaduría Mayor de Hacienda.
En esta plataforma digital, sobre este tema, también se aborda temas como las diferencias entre la ley y el decreto, la naturaleza jurídica del decreto-ley, las leyes contrarias a la Constitución y la facultad discrecional en materia administrativa.
Leyes Administrativas Ordinarias y las Condiciones para su Aplicación
En otro lado se estudia y se trata de las leyes administrativas ordinarias y las condiciones para su aplicación. Véase tambien Fuentes del Derecho Administrativo mexicano, las Normas Administrativas Generales con Función Regulatoria en México, y Normas de Planeación en México.
Las diferentes denominaciones que pueden tener las leyes
Aquí se aborda el tema de las diferentes denominaciones que pueden tener las leyes en el orden jurídico mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos utiliza diversas expresiones para referirse a las leyes, como ley, ley ordinaria, ley orgánica, ley reglamentaria de la Constitución y ley suprema.
A pesar de estas diferencias, se considera que todas pertenecen a una sola categoría de leyes federales ordinarias. Es importante destacar que estas denominaciones no implican órdenes jurídicos contradictorios o de contenido diferente, sino normas formal y materialmente semejantes.
Además, existen diferencias notables de orden jurídico entre un ordenamiento de carácter orgánico y otro reglamentario, lo que los hace inconfundibles. Por ejemplo, una ley orgánica establece la estructura y funcionamiento de una institución, mientras que una ley reglamentaria establece las normas para la aplicación de una ley o de la Constitución.
En el orden jurídico mexicano, también se utilizan otras denominaciones para referirse a las leyes, como leyes federales, comunes, reglamentarias y secundarias. Las leyes federales son aquellas que se aplican en todo el territorio nacional, mientras que las leyes comunes son aquellas que se aplican en una entidad federativa en particular.
Las leyes reglamentarias son aquellas que establecen las normas para la aplicación de una ley o de la Constitución, mientras que las leyes secundarias son aquellas que se derivan de una ley o de la Constitución y que tienen un rango inferior.
Las diferencias entre la ley y el decreto
Aquí se aborda el tema de las diferencias entre la ley y el decreto. Según el artículo 70 constitucional, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Los decretos legislativos son aquellos que se expiden por el Congreso de la Unión y que tienen fuerza de ley.
Una de las principales diferencias entre la ley y el decreto es que la ley es una norma general y abstracta que se aplica a todos los casos que se encuentren en su ámbito de aplicación, mientras que el decreto concreta, particulariza o individualiza el campo de su aplicación.
Otra diferencia importante es que la ley extiende o aumenta el campo de su aplicación, mientras que el decreto limita o restringe el campo de su aplicación. En otras palabras, la ley establece nuevas normas o reglas generales, mientras que el decreto se enfoca en la aplicación de las normas existentes.
Además, el decreto puede ser expedido por el Presidente de la República en los términos del artículo 92 de la Constitución, mientras que la ley es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Para saber más:
- En otros lugares de esta plataforma se proporciona una explicación detallada de la naturaleza jurídica del decreto-ley, lo que permite entender mejor su función y alcance en el derecho administrativo mexicano.
- También se proporciona una explicación detallada de las diferencias entre la ley y el decreto, lo que permite entender mejor la naturaleza y alcance de cada uno de estos instrumentos jurídicos en el derecho administrativo mexicano.
- Asimismo, se examina y se proporciona una explicación detallada de las diversas situaciones que ofrece el estudio de los decretos leyes dentro del marco constitucional, lo que permite entender mejor la función y alcance de estos instrumentos jurídicos en el derecho administrativo mexicano.
Las leyes contrarias a la Constitución
Aquí se aborda el tema de las leyes contrarias a la Constitución. Las leyes que no se ajustan a la Constitución o a las tradiciones jurídicas fundamentales de un pueblo no pueden válidamente considerarse como normas, aunque revistan transitoriamente la apariencia de normas legales.
En este sentido, los juristas, desde mediados del siglo pasado, se han dividido en dos grupos importantes: aquellos que consideran que una ley se reputa vigente aunque pugne contra el texto de la Constitución, y aquellos que sostienen que una ley contraria a la Constitución es nula de pleno derecho.
Además, históricamente, se han producido algunos casos en los que se han ejercido facultades legislativas excepcionales, como los artículos 9, 11 y 15 transitorios de la Constitución de 1917, en materia de ley electoral, leyes agrarias y obreras y ley de responsabilidad civil. La vigencia de estas facultades terminó al expedirse por el Congreso las leyes a que hacen referencia varios años más tarde.
La inconstitucionalidad de las leyes
La inconstitucionalidad de las leyes es una cuestión que ha sido objeto de debate en la doctrina y la jurisprudencia desde hace un siglo, y ha existido numerosa literatura respecto a la contradicción entre una ley y la Constitución.
Un caso histórico en derecho comparado fue el caso Schechter Poultry Corp. v. United States, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional el National Industrial Recovery Act y el Código de Prácticas Justas de la Industria, que habían sido promulgados durante la Gran Depresión. La Corte sostuvo que estas leyes eran inconstitucionales porque delegaban en el Poder Ejecutivo poderes legislativos que la Constitución reservaba al Congreso.
Además, la inconstitucionalidad de una ley puede tener como consecuencia su nulidad, lo que significa que la ley no tiene efecto alguno y no puede ser aplicada. Sin embargo, existen excepciones a este principio, y que en algunos casos la aplicación rígida de la invalidez de una ley puede producir serias injusticias.
La facultad discrecional en materia administrativa
Aquí se aborda el tema de la facultad discrecional en materia administrativa mexicana. El funcionario público está obligado a actuar de acuerdo con los mandamientos de la ley, y que la norma es el punto de partida y la fundamentación de su actuación.
Sin embargo, se reconoce -al menos por la doctrina, desde hace mucho tiempo- que existen casos en los que la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en qué momento debe obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a dar a su actuación. Este poder discrecional se refiere a la apreciación dejada a la Administración para decidir lo que es oportuno hacer.
En este sentido, naturalmente, la facultad discrecional debe ser ejercida dentro de los límites de la ley y de los principios generales del derecho, y su ejercicio debe estar justificado y motivado. Además, el control judicial de la facultad discrecional se limita a verificar si se han respetado los límites legales y si la decisión se ha tomado de manera razonada y justificada.
En otros lugares de esta plataforma digital se proporciona una explicación más detallada sobre la facultad discrecional en materia administrativa, lo que permite entender mejor la importancia de su ejercicio dentro de los límites legales y de los principios generales del derecho.
Bases de la facultad discrecional o arbitrio administrativo
La facultad discrecional o arbitrio administrativo se basa en varios elementos principales.
- En primer lugar, se basa en las disposiciones legales que permiten al funcionario un elemento móvil en su actuación, para actuar de acuerdo con las circunstancias. La facultad discrecional debe estar consignada en forma expresa en la ley, y en algunos casos se desprende de los mismos términos legales.
- En segundo lugar, la facultad discrecional se basa en la competencia del funcionario para realizar el acto administrativo. Esto significa que el funcionario debe tener la capacidad y la autoridad necesarias para tomar decisiones en el ámbito de su competencia, y que su actuación debe estar justificada y motivada.
Hay también otros casos que ilustran la aplicación de la facultad discrecional en la práctica administrativa:
- La decisión de un funcionario de la Administración de rechazar una solicitud de un particular para la obtención de una licencia. En este caso, se reconoce que la facultad discrecional del funcionario se basa en la competencia que le otorga la ley para decidir si debe conceder o no la licencia, y en la necesidad de actuar de acuerdo con las circunstancias del caso.
- La desviación de poder o al abuso del poder por parte de un funcionario que ejerce su facultad discrecional de manera indebida. En este caso, se reconoce que la facultad discrecional no es susceptible de límites o restricciones, pero que su ejercicio debe estar justificado y motivado. Si el funcionario actúa de manera contraria a los intereses públicos, se considera que ha incurrido en una desviación de poder o en un abuso del poder.
En resumen, la facultad discrecional se basa en la ley y en la competencia del funcionario, y su ejercicio debe estar justificado y motivado, y hay que tener en cuenta la desviación de poder o al abuso del poder. Es importante destacar que la discrecionalidad no es lo mismo que la arbitrariedad, y que el control judicial de la facultad discrecional se limita a verificar si se han respetado los límites legales y si la decisión se ha tomado de manera razonada y justificada.
El desvío de poder
El desvío de poder se refiere a una situación en la que un funcionario público utiliza su poder discrecional para perseguir una finalidad distinta a la que establece la ley. Esto implica que el funcionario ha actuado de manera contraria a los intereses públicos y ha desviado su poder para fines personales o ilegítimos.
La jurisprudencia del Consejo de Estado Francés ha sido la base para elaborar la doctrina en materia de desvío de poder a mediados del siglo pasado, que luego ha tenido influencia en México. Según esta jurisprudencia, el desvío de poder consiste en que la autoridad demandada, al emitir el acto administrativo, perseguía una finalidad diversa de la que conforme a la ley debió ser perseguida.
Es importante destacar que el desvío de poder solo se presenta cuando el funcionario utiliza su facultad discrecional para fines distintos a los establecidos por la ley. En este sentido, el desvío de poder solo existe en el caso de multas impuestas por infracción a las leyes fiscales en ejercicio de una facultad discrecional.
En conclusión, el desvío de poder se refiere a la utilización indebida de la facultad discrecional por parte de un funcionario público para perseguir una finalidad distinta a la establecida por la ley, y se fue formando jurisprudencia y doctrina en torno a esta institución en el siglo XX. Este concepto es importante en el derecho administrativo mexicano porque permite controlar el ejercicio del poder discrecional y garantizar que los funcionarios actúen de acuerdo con los intereses públicos y dentro de los límites legales.
Cuestiones Clave
A continuación, se presentarán algunas preguntas clave sobre la legislación federal mexicana, que se contestarán seguidamente:
¿Qué es la legislación federal mexicana?
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una ley?
¿Cuáles son las diferencias entre una ley y un decreto?
¿Qué es la facultad discrecional en materia administrativa?
¿Qué es una ley administrativa ordinaria?
¿Qué es una ley contraria a la Constitución?
¿Cuáles son las diversas denominaciones de la ley?
¿Cómo se resuelven los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano?
¿Qué es la teoría del procedimiento legislativo?
¿Cuál es la naturaleza jurídica del decreto-ley?
¿Cuál es la importancia de la legislación federal mexicana en la sociedad moderna?
¿Qué es la legislación federal mexicana?
La legislación federal mexicana es el conjunto de leyes y normas que rigen en todo el territorio de México y que son creadas por el Congreso de la Unión. Estas leyes son aplicables a nivel federal y establecen las bases para la organización y funcionamiento del Estado mexicano, así como para la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones públicas.
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una ley?
Las condiciones que debe cumplir una ley son las siguientes:
- La generalidad de la ley, es decir, su aplicación a cualquier persona que se encuentre en los supuestos de su contenido.
- Su carácter obligatorio, fundado en el interés general de asegurar la convivencia social en un orden jurídico determinado.
- Las normas deben ser justas por necesidad. «Lo que quiere decir, dice Herrera, que en materia de interpretación jurídica deja de ser la ley el objeto a interponer. Lo que se interpreta es la conducta humana a trasluz de la ley. Esta interpretación, realizada a ciencia y conciencia, pone en la pista del intérprete la comprensión de los especiales imperativos de conducta explanados existencialmente».
¿Cuáles son las diferencias entre una ley y un decreto?
Existen diferencias esenciales entre una ley y un decreto. El decreto concreta, particulariza o individualiza el campo de su aplicación, en tanto que la ley extiende o aumenta el campo de su aplicación. Además, el artículo 70 constitucional establece que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto, y los decretos legislativos son aquellos que se emiten en el marco de las facultades extraordinarias que el Congreso otorga al Presidente de la República. Por otro lado, el Presidente también puede emitir decretos en los términos del artículo 92 de la Constitución. En resumen, las leyes son normas generales y abstractas que establecen reglas para toda la sociedad, mientras que los decretos son normas específicas y concretas que se aplican a situaciones particulares.
¿Qué es la facultad discrecional en materia administrativa?
La facultad discrecional o arbitrio administrativo es la libertad jurídica que tiene el órgano estatal para actuar de acuerdo con las circunstancias, siempre y cuando esté consignada en forma expresa en la ley o se desprenda de los mismos términos legales. Esta facultad se basa en las disposiciones legales que permiten al funcionario un elemento móvil en su actuación y en que el funcionario debe ser competente para realizar el acto administrativo. En otras palabras, la facultad discrecional es la capacidad que tienen las autoridades administrativas para tomar decisiones en situaciones específicas, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales y a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
¿Qué es una ley administrativa ordinaria?
Una ley administrativa ordinaria es una disposición de carácter general, permanente, provista de una sanción política, en materia de interés común; elaborada, promulgada y publicada, según las reglas constitucionales e inspirada en propósitos de justicia social. Es decir, es una norma jurídica que establece reglas y principios para la administración pública en el ejercicio de sus funciones y que tiene como objetivo proteger el interés general de la sociedad. Las leyes administrativas ordinarias son una fuente importante del derecho administrativo y su cumplimiento es obligatorio para todas las personas que se encuentren en los supuestos de su contenido.
¿Qué es una ley contraria a la Constitución?
Una ley contraria a la Constitución es aquella que va en contra de los principios y normas establecidos en la Constitución de un país. En algunos sistemas jurídicos, se considera que la Constitución es la norma suprema y que todas las demás leyes deben estar en consonancia con ella. Por lo tanto, una ley que contradice la Constitución es considerada inválida o inconstitucional. En algunos países, existe un órgano judicial especializado encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes y de declararlas inconstitucionales si es necesario.
¿Cuáles son las diversas denominaciones de la ley?
La Constitución emplea diversas denominaciones para aludir a las leyes. Esas denominaciones son: ley, ley ordinaria, ley orgánica, ley reglamentaria de la Constitución, ley suprema. A pesar de esas expresiones, no se trata de órdenes jurídicos contradictorios o de contenido diferente, sino normas formal y materialmente semejantes.
¿Cómo se resuelven los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano?
Los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano se resuelven mediante el principio de jerarquía normativa. Este principio establece que las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior en caso de conflicto. En el caso de México, la Constitución es la norma suprema y todas las demás leyes deben estar en consonancia con ella. Si existe un conflicto entre dos leyes, se debe aplicar la que tenga un rango superior. Además, existen otros principios y técnicas para resolver los conflictos de leyes, como la interpretación sistemática y teleológica, la analogía y la integración normativa.
¿Qué es la teoría del procedimiento legislativo?
La teoría del procedimiento legislativo es una rama del derecho que se ocupa del estudio de los procesos y procedimientos que se siguen para la elaboración, discusión, aprobación y promulgación de las leyes. Esta teoría se enfoca en analizar los aspectos formales y materiales del proceso legislativo, así como en identificar los principios y valores que deben guiar la actividad legislativa. La teoría del procedimiento legislativo es una disciplina interdisciplinaria que se nutre de diversas áreas del conocimiento, como la ciencia política, la sociología, la filosofía y la historia.
¿Cuál es la naturaleza jurídica del decreto-ley?
El decreto-ley es una figura jurídica que se utiliza en situaciones de emergencia o urgencia para que el poder ejecutivo pueda tomar medidas inmediatas sin tener que seguir el procedimiento legislativo ordinario. La naturaleza jurídica del decreto-ley es objeto de debate en la doctrina, ya que algunos autores consideran que se trata de una norma con rango de ley, mientras que otros sostienen que se trata de una norma reglamentaria. En cualquier caso, el decreto-ley debe estar sujeto a ciertas limitaciones y controles, como la necesidad de que exista una situación de emergencia o urgencia que justifique su expedición, y la obligación de que se respeten los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
¿Cuál es la importancia de la legislación federal mexicana en la sociedad moderna?
La legislación federal mexicana tiene una gran importancia en la sociedad moderna, ya que establece las normas y principios que rigen la organización y funcionamiento del Estado mexicano, así como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Estas leyes pueden responder a largos procesos históricos y luchas ideológicas, y para muchas generaciones representan la síntesis de sus luchas libertarias. Además, la legislación federal mexicana es fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, así como para promover el desarrollo económico, social y cultural del país. En este sentido, el Poder Legislativo Federal debe conocer las inquietudes de la sociedad, valorarlas y encontrar sabiamente la solución adecuada para responder a las necesidades y demandas de la sociedad moderna.
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»][rtbs name=»quieres-escribir-tu-libro»]Notas y Referencias
Véase También
- Leyes federales mexicanas
- Glosario de Administración Pública
- Gastos públicos
- Aprendizaje organizacional
- Reformas a los sistemas de presupuestación en México
- Servidores públicos
- Modernización de la Administración Pública en México
- Cooperación intergubernamental
- Coordinación interinstitucional
- Práctica de la Administación Pública mexicana
- Gestión de riesgos en la Administración Pública
- Investigaciones gubernamentales
- Gestión de crisis en la administración pública
- Comunicación en la administración pública
- Proceso de cambio de la política de gestión pública mexicana
- Planificación urbana
- Combate a la Corrupción en México
- Economía pública
- Cambio organizativo
- Servicio civil de carrera en México
- Productividad en la administración pública
- Comunicación organizativa
- Agencias administrativas
- Gestión del sector público
- Administración local
- Gobernabilidad
- Transparencia en la administración pública
- Administración Pública Municipal
- Administración Pública Local
- Estructura del Municipio
Aquí se proporciona una explicación detallada sobre las leyes contrarias a la Constitución, lo que permite entender mejor la importancia del respeto a la Constitución y las tradiciones jurídicas fundamentales en el derecho administrativo mexicano.
Es cierto. La facultad discrecional se basa en la ley y en la competencia del funcionario, y su ejercicio debe estar justificado y motivado, entre otros factores. Es importante destacar, como hace este texto, que la discrecionalidad no es lo mismo que la arbitrariedad, y que el control judicial de la facultad discrecional se limita a verificar si se han respetado los límites legales y si la decisión se ha tomado de manera razonada y justificada.