Gestión Pública
La puesta en marcha de importantes reformas de la gestión del sector público, muchas de las cuales se asocian con el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP, véase mucho más a nivel mundial), comenzó a mediados de la década de 1990 en la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo de México. Hasta principios de la década de 1990, la gestión de las inundaciones era principalmente responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrológicos (SARH), una agencia federal altamente centralizada, tecnocrática y poderosa. En 1992 se promulgó una Ley Nacional del Agua que reflejaba claramente la filosofía administrativa de la Nueva gestión pública. Esta nueva ley se diseñó para mejorar el acceso y el suministro de agua recuperando una mayor parte de los costes de la gestión del agua y, lo que es más importante, otorgando concesiones para la gestión del suministro de agua a los gobiernos municipales y a las agencias cuasiprivadas. La ley también pretendía mejorar la participación de los gobiernos locales, los usuarios del agua y el sector privado en la gestión del abastecimiento de agua.