Control Externo de la Administración Pública en México
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Control Externo de la Administración Pública en la Doctrina Mexicana
El orden constitucional democrático no se puede mantener sin el control de los órganos depositarios de las funciones del poder público; al igual que la separación de las funciones del poder del Estado, el control de los órganos referidos tiene por propósito -señala Jorge Fernández Ruiz, en su libro «Derecho administrativo y administración pública»- la acotación del poder y el aseguramiento de la racionalidad de su ejercicio, lo que predica la sujeción de la administración pública a un régimen de control que conviva con su autonomía.
En el control externo de la administración pública encontramos -continúa Jorge Fernández Ruiz- la presencia de dos sujetos: el sujeto activo o controlador y el sujeto pasivo que es la administración pública controlada. En el orden jurídico mexicano, son sujetos activos del control externo: los órganos jurisdiccionales, el órgano legislativo, el órgano de fiscalización superior y el ombudsman.
Control Externo de la Administración Pública
Aquí se examinarán las formas de control y vigilancia de la Administración Pública y el recurso administrativo.
El contol externo de la Administración Pública en México se lleva a cabo por los siguientes métodos:
- Por medio de los órganos jurisdiccionales
- Por medio de los órganos legislativos
- Por medio del órgano de Fiscalización Superior
- Por medio del Ombusdman
También existe el control interno de la Administración Pública mexicana, que se lleva a cabo por los siguientes medios:
- El recurso administrativo
- Por medio de la Secretaria de la Función Pública
- Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Por medio de la Contraloría de cada dependencia y entidad de la administración pública
Cuestiones Clave
Control Externo de la Administración Pública
¿Qué es el control externo de la administración pública?
¿Cuáles son los órganos encargados de ejercer el control externo de la administración pública?
¿Cuál es la diferencia entre el control interno y el control externo de la administración pública?
¿Qué tipo de actos administrativos pueden ser impugnados mediante el control externo?
¿Cuáles son las características de los órganos jurisdiccionales que participan en el control externo de la administración pública?
¿Qué medidas pueden tomar los órganos encargados del control externo en caso de detectar irregularidades en la administración pública?
¿Cómo se puede garantizar la independencia y eficacia del control externo de la administración pública?
¿Qué es el control externo de la administración pública?
El control externo de la administración pública es el conjunto de mecanismos y procedimientos que tienen como objetivo supervisar y fiscalizar la gestión pública por parte de órganos y entidades independientes de la administración pública. Estos órganos pueden ser de carácter legislativo, judicial o administrativo, y su función es garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. El control externo es una herramienta fundamental para prevenir y combatir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
¿Cuáles son los órganos encargados de ejercer el control externo de la administración pública?
Existen varios órganos encargados de ejercer el control externo de la administración pública, entre ellos se encuentran:
1. El órgano legislativo: en México, el Congreso de la Unión y los congresos estatales tienen la facultad de fiscalizar y controlar la gestión pública.
2. El órgano de fiscalización superior: en México, la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales son los órganos encargados de fiscalizar y auditar el uso de los recursos públicos.
3. El ombudsman: en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos tienen la función de supervisar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos.
4. Los órganos jurisdiccionales: en México, los tribunales y juzgados federales y estatales tienen la facultad de resolver controversias y litigios relacionados con la administración pública.
¿Qué tipo de actos administrativos pueden ser impugnados mediante el control externo?
Mediante el control externo, pueden ser impugnados los actos administrativos que se consideren ilegales o inconstitucionales. Estos actos pueden ser de cualquier tipo, como por ejemplo, decisiones, resoluciones, acuerdos, contratos, entre otros. Los órganos encargados del control externo pueden revisar la legalidad y la constitucionalidad de los actos administrativos, así como la eficacia y eficiencia en la gestión pública. Además, pueden tomar medidas para corregir las irregularidades detectadas y sancionar a los responsables en caso de ser necesario.
¿Cuáles son las características de los órganos jurisdiccionales que participan en el control externo de la administración pública?
Los órganos jurisdiccionales que participan en el control externo de la administración pública se caracterizan por:
1. Ser independientes de la administración pública.
2. Controlar la posible inconstitucionalidad o ilegalidad del acto impugnado de la administración pública.
3. Actuar en razón de una acción procesal ejercida por un demandante que puede ser una autoridad o un administrado.
4. Sus resoluciones pueden anular o dejar insubsistente el acto administrativo viciado.
Estas características permiten que los órganos jurisdiccionales actúen de manera imparcial y objetiva en el control externo de la administración pública, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos y la legalidad en la gestión pública.
¿Qué medidas pueden tomar los órganos encargados del control externo en caso de detectar irregularidades en la administración pública?
Los órganos encargados del control externo pueden tomar diversas medidas en caso de detectar irregularidades en la administración pública, entre ellas se encuentran:
1. Emitir recomendaciones o sugerencias para corregir las irregularidades detectadas.
2. Realizar auditorías y revisiones para verificar el uso adecuado de los recursos públicos.
3. Iniciar procedimientos administrativos o judiciales para sancionar a los responsables de las irregularidades.
4. Anular o dejar sin efecto los actos administrativos que se consideren ilegales o inconstitucionales.
5. Promover reformas legales o administrativas para mejorar la gestión pública y prevenir futuras irregularidades.
Estas medidas tienen como objetivo garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la gestión pública, así como proteger los derechos de los ciudadanos y promover el bienestar social.
¿Cómo se puede garantizar la independencia y eficacia del control externo de la administración pública?
Para garantizar la independencia y eficacia del control externo de la administración pública, es necesario que los órganos encargados de esta función cuenten con ciertas características y condiciones, como por ejemplo:
1. Autonomía e independencia: los órganos encargados del control externo deben ser autónomos e independientes de la administración pública y de otros poderes del Estado, para poder actuar con imparcialidad y objetividad.
2. Recursos y capacidades: los órganos encargados del control externo deben contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para realizar sus funciones de manera eficaz.
3. Transparencia y rendición de cuentas: los órganos encargados del control externo deben ser transparentes en su gestión y rendir cuentas a la sociedad sobre sus actividades y resultados.
4. Participación ciudadana: los órganos encargados del control externo deben promover la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, para fortalecer la democracia y la transparencia.
5. Marco legal adecuado: es necesario contar con un marco legal adecuado que garantice la independencia y eficacia del control externo de la administración pública, así como la protección de los derechos de los ciudadanos y la legalidad en la gestión pública.
Estas condiciones y características son fundamentales para garantizar la independencia y eficacia del control externo de la administración pública, y para fortalecer la democracia y la transparencia en la gestión pública.
¿En qué consiste el control externo de la Administración Pública?
El control externo de la Administración Pública consiste en la supervisión y fiscalización de la gestión pública por parte de entidades y organismos independientes del poder ejecutivo, con el objetivo de garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas.
¿Cuál es la diferencia entre el control interno y el control externo de la administración pública?
El control externo de la administración pública se refiere a la supervisión y fiscalización que realizan sujetos ajenos a la propia administración pública, como la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos . Por otro lado, el control interno de la administración pública se refiere a los mecanismos de supervisión y fiscalización que se realizan dentro de la propia administración pública, como el uso de recursos administrativos y la labor de la Secretaría de la Función Pública y los órganos de control de cada dependencia y entidad del Poder Ejecutivo.
Control por medio de los órganos jurisdiccionales
Como es el Control por medio de los órganos jurisdiccionales?
En lo que respecta al control externo de la administración pública por medio de los órganos jurisdiccionales, se puede llevar a cabo a través de dos tipos de control: el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Estos admiten diversas modalidades, como la controversia constitucional, el amparo administrativo y el contencioso administrativo. Los dos primeros se dilucidan en el ámbito federal, mientras que el último tiene lugar tanto en el ámbito local como en el federal . Los órganos jurisdiccionales participan como sujetos activos del control externo de la administración pública, y sus resoluciones pueden anular o dejar insubsistente el acto administrativo viciado.
cómo están caracterizados los órganos jurisdiccionales?
Los órganos jurisdiccionales participan como sujetos activos del control externo de la administración pública, y están caracterizados por ser independientes de la administración pública, porque su control versa sobre la posible inconstitucionalidad o ilegalidad del acto impugnado de la administración pública, porque actúan en razón de una acción procesal ejercida por un demandante que lo mismo puede ser una autoridad o un administrado, y porque sus resoluciones pueden anular o dejar insubsistente el acto administrativo viciado .
Control externo por medio de los órganos legislativos
El control parlamentario sobre la administración es pieza clave y la más pública del control externo.
Aquí hay algunas preguntas clave acerca del control parlamentario sobre la administración:
¿Qué es el control parlamentario sobre la administración pública?
¿Cuál es el papel del Congreso en el control parlamentario sobre la administración pública?
¿Qué herramientas tiene el Congreso para ejercer el control parlamentario sobre la administración pública?
¿Cómo se relaciona el control parlamentario con la rendición de cuentas de la administración pública?
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la administración pública ante el control parlamentario?
¿Qué es el control parlamentario sobre la administración pública?
El control parlamentario sobre la administración pública se refiere al conjunto de mecanismos y herramientas que tiene el Congreso para supervisar y fiscalizar la gestión de la administración pública. Esto incluye la revisión de los presupuestos, la aprobación de leyes y reglamentos, la realización de investigaciones y auditorías, y la interpelación y censura de los funcionarios públicos responsables. El objetivo del control parlamentario es garantizar la transparencia, la eficacia y la legalidad en el ejercicio del poder público, así como asegurar la rendición de cuentas de los servidores públicos ante la sociedad.
¿Cuál es el papel del Congreso en el control parlamentario sobre la administración pública?
El papel del Congreso en el control parlamentario sobre la administración pública es fundamental. El Congreso tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar la gestión de la administración pública, a través de sus comisiones y órganos especializados. Esto implica revisar y aprobar los presupuestos, las leyes y los reglamentos que rigen la actuación de la administración pública, así como realizar investigaciones y auditorías para evaluar su desempeño. Además, el Congreso tiene la facultad de interpelar y censurar a los funcionarios públicos responsables, en caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos en su gestión. En resumen, el papel del Congreso en el control parlamentario sobre la administración pública es garantizar la transparencia, la eficacia y la legalidad en el ejercicio del poder público, así como asegurar la rendición de cuentas de los servidores públicos ante la sociedad.
¿Qué herramientas tiene el Congreso para ejercer el control parlamentario sobre la administración pública?
El Congreso cuenta con diversas herramientas para ejercer el control parlamentario sobre la administración pública. Entre ellas se encuentran:
1. La revisión y aprobación de los presupuestos de la administración pública.
2. La aprobación de leyes y reglamentos que regulan la actuación de la administración pública.
3. La realización de investigaciones y auditorías para evaluar el desempeño de la administración pública.
4. La interpelación y censura de los funcionarios públicos responsables, en caso de detectar irregularidades o incumplimientos en su gestión.
5. La creación de comisiones y órganos especializados para supervisar y fiscalizar la gestión de la administración pública.
6. La comparecencia de los funcionarios públicos ante el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión.
7. La solicitud de informes y documentos a la administración pública para conocer su actuación y desempeño.
Estas herramientas permiten al Congreso ejercer un control efectivo sobre la administración pública y garantizar la transparencia, la eficacia y la legalidad en el ejercicio del poder público.
¿Cómo se relaciona el control parlamentario con la rendición de cuentas de la administración pública?
El control parlamentario y la rendición de cuentas están estrechamente relacionados. El control parlamentario es una herramienta fundamental para garantizar la rendición de cuentas de la administración pública, ya que permite al Congreso supervisar y fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos y evaluar su desempeño. A su vez, la rendición de cuentas es un principio fundamental del derecho administrativo que establece la obligación de los servidores públicos de informar y justificar su actuación ante la sociedad y los órganos de control. En este sentido, el control parlamentario contribuye a fortalecer la transparencia, la eficacia y la legalidad en el ejercicio del poder público, al tiempo que promueve la confianza y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la administración pública ante el control parlamentario?
El incumplimiento de la administración pública ante el control parlamentario puede tener diversas consecuencias, dependiendo de la gravedad de la falta y de las herramientas que tenga el Congreso para sancionarla. Entre las consecuencias más comunes se encuentran:
1. La interpelación y censura de los funcionarios públicos responsables, lo que implica una crítica pública y una posible destitución del cargo.
2. La imposición de sanciones administrativas, como la amonestación, la suspensión temporal, la destitución del puesto, la sanción económica o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
3. La exigencia de responsabilidad civil o penal en caso de que se hubiere incurrido en delitos o faltas graves.
4. La pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en la administración pública, lo que puede afectar su legitimidad y su capacidad para gobernar.
En resumen, el incumplimiento de la administración pública ante el control parlamentario puede tener consecuencias negativas para su gestión y para su relación con la sociedad, por lo que es importante que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y rindan cuentas de su actuación.
Es eficaz el control del Congreso sobre la administración?
La eficacia del control del Congreso sobre la administración pública puede variar en función de diversos factores, como la calidad de las herramientas de control, la capacidad de los órganos de fiscalización, la voluntad política de los legisladores y la cultura de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. En general, se considera que el control parlamentario es una herramienta importante para garantizar la transparencia, la legalidad y la eficacia en la gestión pública, ya que permite detectar y corregir las desviaciones y los abusos de poder por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, también es cierto que el control parlamentario puede ser limitado por diversas razones, como la falta de recursos, la falta de independencia de los órganos de fiscalización, la falta de información o la falta de voluntad política de los legisladores. En este sentido, la eficacia del control del Congreso sobre la administración pública depende en gran medida de la calidad de las instituciones democráticas y del compromiso de los actores políticos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Hay críticas en relación al control del Congreso sobre la administración?
Sí, existen críticas en relación al control del Congreso sobre la administración pública. Algunas de las críticas más comunes son la falta de independencia de los órganos de fiscalización, la falta de recursos para llevar a cabo una fiscalización efectiva, la falta de información por parte de la administración pública y la falta de voluntad política de los legisladores para ejercer un control efectivo. Además, se ha señalado que el control parlamentario puede ser utilizado con fines políticos o partidistas, lo que puede afectar su imparcialidad y su capacidad para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública. En este sentido, se considera que el control del Congreso sobre la administración pública es un tema de debate y reflexión constante, que requiere de la participación activa de la sociedad y de los actores políticos para mejorar su eficacia y su legitimidad.
Control por medio del órgano de Fiscalización Superior
el control por medio del órgano de Fiscalización Superior
1. ¿Cuál es el órgano encargado del control y fiscalización de la administración pública en México?
¿Qué entidades son sujetos activos del control externo en el orden jurídico mexicano?
¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación y cuál es su función en el control de la administración pública?
¿Qué objetivos tiene la función pública de fiscalización en relación al control de la administración pública?
¿Qué es la función de fiscalización y quiénes la ejercen desde dentro de la administración pública federal?
Es eficaz el control por medio del órgano de Fiscalización Superior?
Lo siento, el documento no proporciona una respuesta clara a esa pregunta.
Hay críticas relacionadas con el control por medio del órgano de Fiscalización Superior?
Lo siento, el documento no proporciona información sobre críticas específicas relacionadas con el control por medio del órgano de Fiscalización Superior.
hay críticas al órgano de Fiscalización Superior
Lo siento, el documento no proporciona información sobre críticas específicas relacionadas con el órgano de Fiscalización Superior.
¿Cuál es el órgano encargado del control y fiscalización de la administración pública en México?
En México la vigilancia y control de la administración pública se da desde fuera y desde dentro de la misma administración. En el primer caso, por medio de los órganos jurisdiccionales, del órgano legislativo, del órgano de fiscalización superior, que en el ámbito federal de nuestro país es la auditoría superior de la Federación, y del ombudsman; desde dentro, nuestra administración pública federal ejerce la función de fiscalización a través de la secretaría de la Función Pública –que en breve debe ser sustituida por la Fiscalía anticorrupción–, de la secretaría de hacienda y crédito Público, de los órganos internos de control de cada una de sus dependencias y entidades de la administración pública federal.
¿Qué entidades son sujetos activos del control externo en el orden jurídico mexicano?
En el orden jurídico mexicano, son sujetos activos del control externo: el órgano legislativo, el órgano de fiscalización superior, el ombudsman y los órganos jurisdiccionales.
¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación y cuál es su función en el control de la administración pública?
La Auditoría Superior de la Federación es un ente de fiscalización superior que se encarga de la revisión y examen del Poder Legislativo en México. Su función es realizar la fiscalización que debe realizarse desde el ámbito exterior de las instituciones públicas, y su objetivo es controlar la administración pública para que sus operaciones se efectúen de conformidad con los planes, programas y presupuestos aprobados previamente, con la normativa en vigor y con las instrucciones impartidas.
¿Qué objetivos tiene la función pública de fiscalización en relación al control de la administración pública?
Entre los objetivos del ejercicio de la función pública de fiscalización figura el control de la administración pública, con la pretensión de que sus operaciones se efectúen de conformidad con los planes, programas y presupuestos aprobados previamente, con la normativa en vigor y con las instrucciones impartidas. En resumen, el objetivo de la función pública de fiscalización es garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión de la administración pública.
¿Qué es la función de fiscalización y quiénes la ejercen desde dentro de la administración pública federal?
La función de fiscalización es la vigilancia y control de la administración pública, que se da desde fuera y desde dentro de la misma administración. Desde dentro, la administración pública federal ejerce la función de fiscalización a través de la Secretaría de la Función Pública (que en breve debe ser sustituida por la Fiscalía Anticorrupción), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de los órganos internos de control de cada una de sus dependencias y entidades de la administración pública federal.
Control por medio del Ombusdman
La institución del Ombudsman tiene una larga historia internacional, que podría empezar en el contexto de la constitución de Suecia de 1809, donde se le asignaron funciones para controlar la observancia de las leyes por los tribunales y los funcionarios, y demandar ante los tribunales competentes a aquellos que hubieran cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo . Finlandia adoptó esta institución sueca en la segunda década del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega también la adoptó.
como se ha establecido en Mexico el ombudsman?
En México, el ombudsman se ha establecido de acuerdo con un esquema federal estructurado en dos ámbitos: el de las entidades federativas, y el ámbito nacional; juntos integran el sistema nacional de ombudsman para protección de los derechos humanos. En el referido sistema encontramos a los organismos públicos creados por las legislaturas de los estados en cada una de las entidades federativas, para la protección de los derechos humanos. Tales organismos locales conocen de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, cometidos por cualquier autoridad o servidor público local, salvo que se trate de asuntos electorales, y jurisdiccionales .
y quién se encarga de la segunda instancia?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encarga de la segunda instancia, a cuyo efecto conoce de inconformidades que se presentan respecto de las recomendaciones, de los acuerdos y de las omisiones de los organismos que tienen a su cargo la primera instancia, por medio de dos recursos distintos: el recurso de queja y el de impugnación. En lo concerniente a quejas presentadas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa, cometidos por autoridad o servidor público federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
La controversia constitucional
Aquí se tratará sobre la controversia constitucional en relación al control de la Administración mexicana.
Qué es la controversia constitucional?
La controversia constitucional se refiere a una contienda jurídica suscitada entre órdenes normativos diferentes o entre distintos órganos depositarios de las funciones del poder público.
La controversia constitucional es una herramienta importante para el control externo de la administración pública y para resolver conflictos entre órdenes normativas o entre distintos órganos del poder público.
El artículo 105
El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para el control externo de la administración pública por medio de los órganos jurisdiccionales, incluyendo el control de constitucionalidad y el control de legalidad. Además, el artículo establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de controversias constitucionales, salvo las relativas a la materia electoral, en once supuestos específicos previstos en la fracción II de dicho numeral.
El amparo administrativo
El juicio de amparo constituye la última instancia de impugnación de los procedimientos administrativos y contencioso administrativo, por actos realizados en violación de los derechos de una persona por la administración pública del estado o de sus municipios . Además, el amparo es una vía para combatir actos o resoluciones administrativas que no sean impugnables ante un tribunal administrativo, y que es optativo para el particular agotar ante la propia administración los recursos administrativos oponibles .
El amparo obliga a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija . La protección del amparo solo beneficia al quejoso, es decir, a la parte actora en el juicio de amparo, y no tiene efectos erga omnes . Además, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, excepto en ciertos casos.
El contencioso administrativo
Nota: Esta plataforma digital contiene información sobre el contencioso administrativo en varias secciones y lugares. También se habla sobre la demanda en el proceso contencioso administrativo y se mencionan algunos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Hay algunos factores que repercuten en el procedimiento administrativo, como el silencio administrativo y la jurisdicción administrativa. Además, se menciona la existencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de tribunales de lo contencioso administrativo en los estados, según lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX h y 116, fracción V de la Constitución Federal.
El artículo 73 constitucional
En el artículo 73 de la Constitución Federal se establecen las facultades del Congreso de la Unión, entre las que se encuentran la de legislar en materia de comercio exterior, aduanas, salubridad general, migración, extranjería, nacionalidad, colonización, estadística, geografía, hidrografía, minería, industria, comercio, obras públicas, comunicaciones y transportes, turismo, asentamientos humanos, desarrollo urbano, ecología, prevención y control de desastres, y protección civil, entre otras. Además, el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Federal otorga al Congreso la facultad de expedir leyes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que incurran en faltas administrativas graves.
El artículo 116 constitucional
En el artículo 116 de la Constitución Federal se establecen las facultades de los estados en materia de organización y funcionamiento de sus poderes judiciales, así como la creación de tribunales de lo contencioso administrativo. La fracción V del artículo 116 constitucional permite a las constituciones y leyes de los estados instituir tribunales de lo contencioso administrativo para dirimir las controversias entre la administración pública estatal y los particulares. Además, el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal establece que los estados tienen la facultad de expedir leyes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que incurran en faltas administrativas graves.
Recursos
[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»][rtbs name=»quieres-escribir-tu-libro»]Véase También
- Combate a la Corrupción en México
- Economía pública
- Servidores públicos
- Modernización de la Administración Pública en México
- Cooperación intergubernamental
- Coordinación interinstitucional
- Práctica de la Administación Pública mexicana
- Gestión de riesgos en la Administración Pública
- Investigaciones gubernamentales
- Cambio organizativo
- Servicio civil de carrera en México
- Productividad en la administración pública
- Rendición de cuentas en la administración pública
- Función pública
- Glosario de Administración Pública
- Gastos públicos
- Aprendizaje organizacional
- Reformas a los sistemas de presupuestación en México
- Gestión de crisis en la administración pública
- Comunicación en la administración pública
- Proceso de cambio de la política de gestión pública mexicana
- Planificación urbana
- Comunicación organizativa
- Agencias administrativas
- Gestión del sector público
- Administración local
- Gobernabilidad
- Transparencia en la administración pública
- Planificación política
- Gestión de personal
- Gestión de calidad total en la administración pública
Véase también (en general)
- Derecho mexicano del Trabajo
- Concepto de Derecho mexicano
- Clasificación del Derecho mexicano
- Principios Generales del Derecho mexicano
- Fuentes-del-Derecho-mexicano
- Derecho Penal mexicano
Bibliografía de Derecho Administrativo
- Gabino Fraga, Derecho administrativo
- Jorge Fernández Ruiz, Derecho administrativo y administración pública